¿Quién puede darse el lujo de esperar justicia?
Editorial

¿Quién puede darse el lujo de esperar justicia?

Por: Comité Editorial EDFM
18/11/2026
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os bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío. Eso fue lo que Estela Chávez, una jubilada que cobra la mínima, intentó llevarse de un supermercado. La detuvieron antes de que cruzara la línea de cajas. Pasó 35 días presa, recuperó la libertad después de que su familia reuniera los 150.000 pesos de la fianza y sigue procesada por tentativa de hurto. La prisión preventiva se fundó en un antecedente similar. Aun con ese antecedente, ¿qué peligro concreto exigía mantenerla más de un mes en una celda? Que la excarcelación se resolviera después de que el periodismo hiciera público el caso, tras 35 días de encierro, deja la impresión de que la repercusión pública pesó más que la urgencia con que la jueza de primera instancia había atendido la situación de Chávez.

Administrar justicia, en el sentido más llano, es ofrecerle a cualquiera un lugar donde pueda reclamar, defenderse y obtener una decisión fundada que se cumpla. Si el Estado le impide trabajar, alguien debe poder revisar esa decisión. Si una autoridad administra dinero público, debe haber una vía eficaz para exigirle que rinda cuentas. Si se acusa a una persona de un delito, un tribunal debe decidir con pruebas qué responsabilidad le cabe y justificar cualquier restricción de su libertad mientras se investiga. En esos actos concretos se juega buena parte de lo que entendemos por vivir en una república.

Las elecciones dan a un gobierno autoridad para gobernar. La Justicia debe poder hacer valer los límites de esa autoridad incluso cuando hacerlo incomoda a quienes la ejercen. De ahí la importancia de la independencia judicial. Un juez tiene que poder ordenar al propio Estado que entregue información, revisar una medida del Ejecutivo o proteger a una persona frente a un abuso. Y debe explicar en público, con la claridad que permita cada caso, por qué interviene, por qué resuelve de determinada manera y qué justifica la espera cuando una decisión urgente se demora. La independencia es una garantía para quien reclama. Su valor se comprueba cuando llega el momento de ejercerla.

El tiempo también forma parte de lo que un tribunal decide. Una orden de entregar información puede llegar cuando ya se gastaron los fondos sobre los que se quería preguntar. Una resolución laboral puede encontrar consumado el perjuicio que se intentaba evitar. Una inspección ambiental demorada puede perder la oportunidad de establecer qué ocurrió y prevenir daños. Y los días de prisión preventiva se descuentan de la vida de una persona desde el primero. Quien tiene recursos puede sostener un litigio durante años. Para quien necesita volver a su puesto, conocer el destino de fondos públicos mientras se administran o recuperar la libertad, la demora tiene un costo inmediato.

En nuestro País sobran motivos para preguntarse por qué el rigor judicial se hace sentir con tanta facilidad sobre quienes tienen menos recursos para defenderse, mientras asuntos que comprometen al poder político o económico pueden pasar meses entre disputas de competencia, dictámenes de cierre y decisiones pendientes. Cada causa tiene sus pruebas y sus tiempos. En todas, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hizo, qué queda por hacer y con qué razones se decide. Como fundamento veamos los más recientes:

La causa Vialidad en la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado por el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz, demandó nueve años desde que se abrió el expediente hasta que la condena quedó firme, aunque la ejecución del decomiso sigue en trámite. Cierto es que cada instancia de revisión protege el derecho de defensa, pero también es responsabilidad de los tribunales que esas instancias funcionen en plazos razonables y que, una vez firme la sentencia, sus disposiciones se cumplan.

La causa Cuadernos tardó siete años en llegar a juicio oral. Allí se juzga a Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios por un presunto sistema de sobornos vinculado con contratos públicos. A más de un año de iniciado el debate, todavía se escuchan testimonios. La magnitud del expediente exige un examen riguroso de las pruebas y el pleno ejercicio de la defensa. También obliga a los tribunales a explicar por qué hicieron falta siete años para empezar a discutir la acusación en un juicio.

El caso $LIBRA muestra otra forma de deterioro. El fiscal Eduardo Taiano pidió el sobreseimiento del presidente Javier Milei y el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo concedió. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas consideró prematuro el cierre, señaló que quedaban pruebas por producir y pidió retomar la investigación. Taiano se opuso. Un fiscal debe pedir el sobreseimiento cuando la prueba lo justifica. Precisamente por eso, cuando otra fiscalía identifica diligencias pendientes, insistir en el cierre sin despejar de manera convincente qué podrían aportar hace que su actuación se parezca demasiado a la de un abogado defensor. La sociedad tiene derecho a una respuesta concreta sobre esas pruebas.

En el caso de Manuel Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita consideró insuficiente la prueba para acusar al exjefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito y pidió investigar una posible evasión tributaria. ¿Qué pudo verificar la fiscalía sobre el origen de los fondos que Adorni atribuyó a operaciones con Bitcoin? En una de las causas vinculadas con la AFA, por presunto lavado en la compra de una mansión en Pilar, los tribunales llevan meses discutiendo qué juzgado debe intervenir. La disputa llegó a la Corte Suprema en octubre. El expediente puede acumular resoluciones y, al mismo tiempo, seguir sin una definición sobre quién debe conducir la investigación. Así se entiende que se hable de cajoneo.

En Tierra del Fuego, la Corte Suprema sigue sin definir el planteo de la Provincia contra la intervención nacional del puerto de Ushuaia. Ya transcurrieron cerca de diez de los doce meses previstos para la medida. Si el control judicial llega cuando la intervención ha agotado su plazo, buena parte de lo que se pretendía someter a revisión habrá quedado consumado. En el Juzgado Federal de Ushuaia, el amparo por información pública tardó más de cuatro meses en obtener un fallo cuya ejecución quedó suspendida por las apelaciones, y el reclamo laboral y sindical todavía espera audiencia. A eso se suma el demorado derrotero de los reclamos ambientales, con actuaciones en la Justicia provincial por los obstáculos a las inspecciones.

En el caso de la jubilada Chavez, el hecho ocurrió el pasado 9 de octubre. La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, encabezado por la jueza Fabiana Palmaghini. El 26 de octubre, a tan solo veintisiete días del hecho, la magistrada dispuso la prisión preventiva, pese a que el delito de hurto en grado de tentativa es excarcelable. La decisión se fundamentó en la existencia de un antecedente similar registrado en 2025.

Lo que debería interpelarnos como sociedad es qué aprendemos los ciudadanos de ese funcionamiento.

Para quien ve que una orden administrativa puede durar casi un año sin que se resuelva su impugnación, reclamar empieza a parecer inútil.

Para quien comprueba la rapidez con que el Estado pudo encarcelar a una jubilada y los meses que tardan los tribunales en definir quién investigará una operación que involucra a dirigentes poderosos, la igualdad ante la ley se vuelve difícil de creer.

Y cuando reclamar parece inútil, ganan terreno el contacto personal, la presión y el favor. Sin una vía confiable para resolver los conflictos, se vuelve imposible construir una convivencia en la que todos aceptemos someternos a las mismas reglas.

La ciudadanía necesita volver a creer en la Justicia con fundamento cierto. Ese fundamento se construye cuando un fiscal agota las pruebas relevantes, cuando un tribunal frena un abuso a tiempo, cuando una sentencia se cumple y cuando un juez explica por qué era indispensable privar a alguien de su libertad antes de una condena.

La prueba más exigente para la institución es que una persona sin poder pueda obtener una respuesta efectiva precisamente cuando su reclamo incomoda a quien sí lo tiene.

(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.

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