l secretario de Trabajo de Tierra del Fuego, Edgar Ceballos, advirtió que las irregularidades denunciadas en materia de seguridad e higiene laboral en el Puerto de Ushuaia podrían derivar, en una situación extrema, en la clausura de determinadas actividades, siempre que se comprueben situaciones de riesgo y peligro para la vida de los trabajadores y exista la correspondiente intervención de la Justicia.
La advertencia se produjo luego de que inspectores del Ministerio de Trabajo provincial intentaran ingresar el martes a las instalaciones portuarias para realizar una fiscalización, sin conseguirlo debido a la negativa del personal de seguridad que responde a la actual intervención.
Ceballos explicó que la legislación contempla medidas de clausura cuando se detectan situaciones que comprometen la integridad física de los trabajadores. Sin embargo, aclaró que no se trataría necesariamente del cierre completo del puerto, sino de la suspensión de aquellas actividades que representen un peligro. “La ley 90 es clara respecto a que cuando hay riesgos de vida se tiene que gestionar la clausura”, afirmó.
"En realidad no sería la clausura total del puerto, sino detener la actividad que hemos detectado que está fuera del marco de la ley y evitar que continúe el riesgo o el peligro", precisó.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de que las deficiencias de seguridad obliguen a paralizar parte de la operatoria portuaria, el funcionario confirmó que ese escenario es posible.
De todos modos, subrayó que cualquier decisión de esa naturaleza deberá contar con el respaldo judicial. "Si en el transcurso del trámite jurídico la Justicia ordena que nos dejen pasar y se constatan las situaciones de riesgo o de peligro, será la Justicia la que nos dé la facultad de clausura", sostuvo.
El secretario reconoció que una medida de estas características no resulta deseable por la importancia económica y estratégica del puerto para Tierra del Fuego, pero insistió en que la protección de los trabajadores constituye una obligación que no puede quedar subordinada a otras consideraciones.
Denuncias por riesgos graves
La inspección frustrada se originó en denuncias recibidas por el Ministerio de Trabajo sobre presuntas irregularidades vinculadas con la manipulación de cargas, la utilización de maquinaria pesada y las condiciones de seguridad eléctrica.
Según detalló Ceballos, las presentaciones advierten sobre la operación de equipos de transporte por parte de personal que presuntamente carecería de capacitación o habilitación, además de riesgos eléctricos que requieren la intervención de trabajadores especializados.
"Si hay riesgos en la vida de operadores o empleados, nosotros tenemos que acceder al lugar y constatar", afirmó.
El funcionario remarcó que se trata de situaciones potencialmente graves, especialmente por las características de los equipos utilizados en el movimiento de contenedores.
"No estamos hablando de una carga normal con un carrito o una carretilla, estamos hablando de maquinaria altamente complicada, pesada y que los riesgos son muy graves", enfatizó.
No obstante, aclaró que las irregularidades denunciadas todavía no pudieron ser verificadas oficialmente, precisamente porque se impidió el ingreso de los inspectores.
Acciones administrativas y judiciales
Ceballos calificó como una obstrucción la negativa de las autoridades portuarias a permitir el procedimiento y anticipó que el Ministerio avanzará tanto por la vía administrativa como por la judicial.
Explicó que los inspectores labraron un acta dejando constancia de lo ocurrido y que también se recurrió a un escribano público del Gobierno para documentar formalmente el impedimento.
El funcionario señaló que la Ley provincial 90 y la Ley nacional 25.212, correspondiente al Pacto Federal del Trabajo, facultan a los inspectores debidamente acreditados a ingresar a los establecimientos donde se desarrollan actividades laborales, sin necesidad de autorización previa.
En ese sentido, rechazó el criterio aplicado por las autoridades de la intervención, que exigieron una autorización para permitir el acceso.
"Las facultades que tienen los inspectores son de entrar libremente a todos los lugares donde haya una prestación laboral", explicó.
Adelantó que el equipo jurídico del Ministerio trabaja en las presentaciones correspondientes, incluida una denuncia penal, mientras que el procedimiento administrativo podría derivar en importantes sanciones económicas.
Una situación sin precedentes recientes
El secretario de Trabajo sostuvo que anteriormente se realizaron inspecciones en el Puerto de Ushuaia y que, aunque en algunas oportunidades se detectaron deficiencias, siempre existió predisposición para corregirlas.
También mencionó controles efectuados en los aeropuertos de Ushuaia y Río Grande, ambos bajo jurisdicción nacional, donde nunca encontraron obstáculos semejantes.
Finalmente, insistió en que la actuación del Ministerio responde exclusivamente a la necesidad de garantizar condiciones laborales seguras, independientemente de quién administre las instalaciones.
"No podemos seguir lamentando accidentes", concluyó Ceballos, al reafirmar la obligación del Estado de intervenir cuando existen denuncias sobre situaciones capaces de poner en peligro la vida de los trabajadores.