l Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego revocó una sentencia que imponía las costas del proceso a una paciente oncológica que había promovido un amparo contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). En una decisión unánime del 21 de octubre, el tribunal dispuso que las costas de todas las instancias recaigan sobre la obra social, al considerar que su conducta había obligado a la afiliada a acudir a la Justicia.
La paciente reclamaba la entrega oportuna de un medicamento prescripto para su tratamiento. Al momento de resolver el amparo, la OSEF ya había proporcionado la medicación. Sin embargo, los jueces señalaron que el cumplimiento no había sido espontáneo, sino consecuencia del inicio de la acción judicial, y entendieron que no existían razones para eximir de las costas al organismo provincial.
El máximo tribunal hizo lugar al recurso extraordinario de casación contra la decisión de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande. Ordenó sustituir esa sentencia por otra que rechace la apelación presentada por la OSEF y le imponga las costas. La revisión modificó así quién debe afrontar los gastos del proceso iniciado por la afiliada para obtener la cobertura.
En su voto, el juez Ernesto Löffler sostuvo que la responsabilidad por las costas debía atribuirse a la demandada. “La imposición de costas debe recaer sobre la parte demandada, pues fue su conducta la que, objetivamente apreciada, motivó la promoción de la acción de amparo”, señaló.
El magistrado vinculó la necesidad del reclamo con las condiciones del tratamiento oncológico. Explicó que, cuando la atención es prolongada y de alta complejidad, la paciente necesita acceder a las prestaciones y contar con previsibilidad sobre su continuidad. Consideró que esa certeza es indispensable para proteger el derecho a la salud y evitar la incertidumbre ante posibles interrupciones de cobertura.
En ese contexto, Löffler describió el comportamiento de la obra social como errático y sostuvo que había colocado a la afiliada en la necesidad de promover el amparo. Según su voto, la acción buscó obtener una protección judicial que garantizara la cobertura efectiva de las prestaciones indicadas para el tratamiento.
La jueza Edith Miriam Cristiano, por su parte, señaló que la normativa aplicable obliga a la OSEF a organizar un mecanismo eficaz para entregar los medicamentos recetados. Indicó que la respuesta debe ajustarse a la premura que exige la condición clínica de la paciente, de manera que el cumplimiento de las obligaciones no frustre sus derechos.
La decisión distinguió entre la entrega del medicamento durante el trámite y la conducta que dio origen al litigio. Para los jueces, que la obra social hubiera cumplido antes de la resolución del amparo no eliminaba su responsabilidad por haber motivado la demanda. Sobre esa base, resolvieron que la paciente no debía soportar las costas y las impusieron a la OSEF en todas las instancias.