l juez de instrucción Javier De Gamas Soler procesó por el delito de “chantaje en grado de tentativa” a dos de las tres personas acusadas de haber enviado mensajes de WhatsApp y haber llamado con fines extorsivos al presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, en una causa penal surgida a raíz de la denuncia realizada en mayo pasado por el propio concejal justicialista.
La resolución judicial considera en esta instancia del proceso como “coautores” del delito a Lautaro Aníbal García, de 26 años, y a Juan José González, de 22 años, ambos desempleados, a la vez que les traba embargos hasta cubrir la suma de $62.500.
Por su parte, el juez también dictó la “falta de mérito” del tercer involucrado, Daniel Alberto Vivas, de quien se declara que aún no hay elementos ni para procesarlo ni para sobreseerlo en forma definitiva, por lo que continúa ligado al caso.
La Justicia dio por demostrado, con las pruebas halladas hasta el momento, que el 6 de marzo de este año, González llamó a Pino y en 34 segundos le dijo que tenía “audios en su poder y que lo comprometían”, en tanto que “a cambio de no darlos a conocer, le ofrecía un arreglo”.
Unos minutos después, y luego de cortar esa comunicación, Pino recibió por WhatsApp “un audio y cuatro mensajes”.
El audio hacía mención a que “algunos empleados del Concejo Deliberante no cobraban todos sus sueldos, sino que tenían que entregar un importante porcentaje para la política”.
En tanto, los mensajes eran los siguientes: “el miércoles sale a los medios”, “ya tenés mi número, llamame”, “eso es una parte de lo que hay”, “no te olvides que querés ser intendente y ya sobre esto hay quilombo en Gobierno”.
Según reconstruyó la Justicia, el audio se corresponde a una grabación clandestina efectuada por García mientras viajaba en un auto con Omar Antonio Pérez, un colaborador de confianza de Pino en el Concejo.
Al parecer, en esa conversación, García le pedía que lo hiciera ingresar a la planta del organismo legislativo, ya sea a él o a su señora, mientras que Pérez le contestaba que “no era fácil trabajar en el Concejo” porque “parte del sueldo lo debía entregar a los concejales”.
Pérez fue convocado a declarar como testigo en la causa, y dijo que, en realidad, “inventó la historia” del aporte sobre los salarios, para “desalentar” a García que se mostraba insistente sobre el pedido de ser nombrado en la institución.
Con esa declaración como evidencia, y sin ninguna otra denuncia concreta, la investigación judicial no se focalizó en demostrar si lo dicho por Pérez era cierto (es decir, si efectivamente hay empleados que ceden porcentajes de sus sueldos a los concejales) sino que se centró en el intento de chantaje a Pino.
En ese sentido, los allanamientos practicados a las viviendas de los acusados permitieron dar con el teléfono de González (un LG K120AR) desde donde se acreditó el envío del audio y los mensajes al número de Pino, y se constató el registro de una llamada al concejal en la fecha y hora mencionada en la denuncia.
“La maniobra delictiva se dividió en dos etapas, una de ellas abocada a la obtención de los medios idóneos para cometer la conducta antirreglamentaria, lo que se resume en la grabación de la conversación mantenida entre Pérez y García (…) Como en el auto solo viajaban Pérez y García, puede inferirse claramente que García efectuó la grabación”, razona el juez en la resolución.
Y agrega que la segunda etapa “consistió en la acción de llamar telefónicamente desde el abonado de González y luego enviar los mensajes amenazantes a Pino”.
Sobre Vivas, quien habría sido quien le proporcionó el audio entre Pérez y García a González (ya que todos se conocen entre sí y Vivas y García tenían un conflicto por una deuda) el magistrado entendió que “no se ha podido constatar una participación activa en la empresa delictiva”
De Gamas Soler también desestimó, con acuerdo del fiscal mayor, Guillermo Massimi, la posibilidad de derivar el caso a la instancia de mediación, por entender que “hechos tan graves como el presente resultan óbices para el normal funcionamiento de una institución de tamaña envergadura a nivel municipal, como lo es el Concejo Deliberante, en cabeza de su presidente, quien en definitiva sufrió las amenazas y sobre quien se ejerció presión para que actuara de una determinada manera”.
