l paso por la comisión de Presupuesto del ministerio de Obras Públicas y del Instituto Provincial de la Vivienda posibilitó conocer con mayor precisión el monto de dinero que el Gobierno le adeuda a la Provincia en materia de financiamiento de Obra Pública.
El titular de la cartera de Obras Públicas, Luis Vázquez, indicó que el Fideicomiso Austral registra demoras en el pago de certificaciones por 100 millones de pesos, lo que obligó a la Provincia subrogar esas obligaciones para evitar la paralización de esas obras cuya financiación estaba comprometida por el Fideicomiso.
El funcionario apuntó que están a la espera de que Nación regularice esa situación, pero se mostró muy cauto respecto del plazo en que ello pueda ocurrir.
Además de esta cuestión, el Ministro Vázquez y sus colaboradores brindó un pormenorizado informe sobre las obras que se están llevando adelante y de las que se pretende iniciar en el corto y mediano plazo. Afirmó que para el año 2019 “se prevé que el 93% del financiamiento de la obra pública sea con fondos propios” y que se generen más de 1.000 puestos de trabajo directos.
Especial hincapié se hizo al exponer sobre las obras tendientes a garantizar la provisión de gas a la provincia y la de ampliación de redes domiciliarias.
Sobre esta cuestión en particular se repasó la obras realizadas y en ejecución para ampliar la capacidad de transporte del gasoducto fueguino, y se afirmó que gracias a esas inversiones ya no existen restricciones de parte de Camuzzi para extender la factibilidad de nuevas conexiones a la red, cuando estas obviamente existan. Justamente por ello, se indicó que también hay un importante avance en el plan de obras de ampliación de redes de distribución, lo que se complementa con el programa “llegó el gas”, mediante el que se subsidian las conexiones domiciliarias a los beneficiarios del subsidio al gas envasado. Según se indicó, una vez concluida la totalidad de esas obras habrá en toda la provincia unos 4.500 nuevos usuarios de gas por red, lo que implicará reducir en más de un 60% el actual padrón de usuarios de gas envasado (cerca de 7.500 beneficiarios). La mayor preocupación planteada en este tema, tuvo que ver con la vinculación del gasoducto San Martín y el gasoducto Fueguina, obra que garantizará el total abastecimiento interno durante la época invernal. En este punto se planeó que esta obra que, a valores del mes de abril, estaba presupuestada en unos 500 millones de pesos, contaba con financiamiento del Fideicomiso Austral, pero que hasta ahora no ha sido autorizada.
Consultado sobre el estado de la obra del Hospital de Ushuaia, se reconoció que existe una demora en el avance de la misma, producto de que la mala calidad del suelo demandó un mayor trabajo de cimentación, a lo que se sumó la renuncia del responsable técnico de la obra.
Respecto de la obra Corredor del Beagle se informó que se iniciaron los procesos de expropiación de tierras de las familias Pastoriza y Goodall, y que personal de la empresa Gancedo y del Gobierno ya están realizando tareas de cateo para detectar la existencia de yacimientos arqueológicos que pudieran verse afectados por la construcción de la nueva ruta.
Enojo opositor
La presencia del presidente del IPV, Gustavo Vázquez, derivó en el momento de mayor tensión que se vivió ayer en la comisión de presupuesto. El enojo de los legisladores de la oposición se suscitó cuando, a pesar de que la información ya era de conocimiento público desde fines del año pasado, se anoticiaron de que el Instituto firmó un convenio para financiar la construcción del edificio del Concejo Deliberante de Ushuaia, que demandará una inversión de 60 millones de pesos y que el monto será devuelto por el Concejo en 60 cuotas mensuales y consecutivas de 1 millón de pesos.
Vázquez no pudo aportar mayores precisiones sobre el particular, ya que mencionó que el convenio en cuestión había sido resuelto por su antecesor en el cargo, el ex concejal Luis Cárdenas.
Más allá de esa cuestión, el titular del IPV explicó que los cambios que introdujo el Gobierno Nacional respecto de las operatorias de viviendas complican la obtención del apto técnico para su construcción. Refirió que también se modificó el esquema de financiación, ya que antes el 100% estaba a cargo de Nación, en tanto que ahora se hace cargo del 60 al 70% del costo total, teniendo el IPV que financiar con recursos propios el porcentaje restante. Agregó que este mismo criterio rige en materia de recupero. Antes el 100% quedaba en poder del Instituto, en tanto que ahora se reparte en función del porcentaje de financiamiento aportado por cada parte.
Indicó que a hoy, Nación le adeuda a Instituto unos 450 millones de pesos, de los cuales 288 millones corresponden a redeterminaciones de precios y los otros 162 millones a certificaciones de avance de obra, de los cuales 86 millones corresponden al año en curso.
Vásquez también mencionó que entre 2015 y 2017 el IPV entregó 618 viviendas y otras 250 en 2018, todas ellas en Ushuaia, en tanto que para el año entrante estiman entregar 106 más en Ushuaia y 108 en Río Grande, y que se está a la espera de la aprobación del apto técnico para la construcción durante 2019 de 319 viviendas en Ushuaia, 384 en Río Grande y 42 en Tolhuin.
