Siguen postergándose definiciones sobre pedidos de jury a tres jueces provinciales
Consejo de la Magistratura

Siguen postergándose definiciones sobre pedidos de jury a tres jueces provinciales

Se trata de la jueza Laboral de Río Grande, Edith Cristiano, del juez de instrucción Raúl Sahade y de la jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó. En dos de los casos se encuentran en trámite informes preliminares y en el otro recién fueron adjuntadas dos denuncias similares. El caso de Cristiano lleva más de un año sin resolverse y el de Sahade siete meses.
02/07/2019
E

l Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego volvió a postergar, por diferentes motivos, una definición sobre los tres pedidos de jury de enjuiciamiento que involucran a jueces de la provincia.
Si bien el organismo trató en su última sesión la situación de cada uno de esos expedientes, todavía sigue sin resolverlos cuando, en al menos uno de los casos, se trata de una investigación que lleva más de un año de trámite inconcluso.
La denuncia más antigua es la que presentaron en mayo de 2018 directivos de la empresa forestal de capitales norteamericanos “Lenga Patagonia S.A” contra la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano.
La compañía le cuestiona a Cristiano su intervención (como jueza subrogante) en la causa donde falló a favor de la empresa Glisud SA por los derechos posesorios de 30 mil hectáreas de tierras rurales incluida la estancia María Cristina, situada cerca de Tolhuin.
El predio le pertenece a Lenga Patagonia que se lo arrendó a Glisud por 10 años, pero al término del contrato, en 2013, Glisud se negó a desalojar las tierras, reclamó una supuesta deuda impaga y luego “intervino el título unilateralmente, usando un artilugio del Código Civil, y se consideró titular de los derechos posesorios del lugar”, explicó en su momento uno de los abogados de la multinacional, Eduardo de la Puente. Además, Glisud le terminó cediendo la estancia a otra empresa, Deolinda SRL.
Por ello, Lenga reclamó los derechos sobre las tierras ante la justicia civil y se produjo el fallo contrario a sus intereses que originó el pedido de jury a la jueza Cristiano.
El Consejo de la Magistratura ya dispuso la realización del informe preliminar que dispone la ley de jury y que elabora el presidente del cuerpo, en este caso el juez del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume.
Sin embargo, en la sesión del organismo realizada el pasado 26 de junio, se resolvió “postergar el tratamiento del tema para la próxima sesión”.
Algo similar ocurrió con la denuncia presentada en noviembre del año pasado por los abogados de Buenos Aires Ramiro Hernán Rua y José Luis Ghioldi contra el juez penal de Río Grande Raúl Sahade y el fiscal del mismo distrito judicial Pablo Candela.
En este caso, a los magistrados se les cuestiona su desenvolvimiento inicial en la causa donde se investiga al intendente de Río Grande Gustavo Melella (actual gobernador electo) por el presunto abuso sexual coactivo de tres obreros de la construcción.
Candela, que además fue elegido juez de instrucción 3 de Río Grande, es el fiscal que desestimó la primera denuncia contra Melella por inexistencia de delito, lo que después motivó la intervención del fiscal mayor Guillermo Quadrini, que sí efectuó un requerimiento de instrucción.
Por su parte Sahade es todavía el juez del caso pese a las reiteradas recusaciones presentadas en su contra por el abogado querellante Francisco Giménez, y que continúan sin ser resueltas en un hecho sin antecedentes en la historia judicial fueguina.
Al respecto, Sagastume informó a los demás consejeros que “continúa en estudio” el informe preliminar de la ley de jury que le requirieron sus pares.
El Consejo había tenido otra intervención en este expediente cuando le solicitó al Superior Tribunal de Justicia que no le tome juramento a Candela hasta que se resuelva la denuncia que sigue dilatándose en el tiempo.
Los últimos pedidos de jury tratados por el Consejo de la Magistratura hacen referencia a hechos similares y corresponden a dos denuncias presentadas contra la jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó, por parte de dirigentes de  la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y del Partido Solidario de Tierra del Fuego.
Maiztegui Marcó fue cuestionada por las manifestaciones expresadas en su cuenta de Twitter sobre la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
La magistrada, quien ya había sido noticia en oportunidades anteriores por sus opiniones políticas, negó en diferentes tweets la existencia de 30 mil desaparecidos y justificó el accionar de las fuerzas armadas al cumplirse, el pasado 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76´.
El Consejo decidió que “teniendo identidad ambas causas” corresponde su acumulación en un solo expediente.
Además de Sagastume, participó de la última sesión de la Magistratura el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, y los representantes de los abogados de Ushuaia, Oscar Suárez, y de Río Grande Miguel Ángel Castro.
En tanto, el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre y los legisladores Federico Bilota y Pablo Blanco, estuvieron ausentes.

Cuál es tu opinión sobre la nota?
  • Me interesó
    100%
    1 voto
  • No me interesó
    0%
    0 votos