os 7 mil fueguinos que iniciaron una demanda civil contra ocho automotrices (Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault, Volkswagen, Toyota y Honda) por la devolución de importes supuestamente mal cobrados cuando compraron los vehículos, aguardan la convocatoria de la justicia a una audiencia oral conciliatoria, en lo que constituye el próximo paso del juicio colectivo más numeroso de la historia de la provincia.
La acción judicial, llamada de “protección de intereses difusos”, fue entablada a fines de 2015 por un estudio jurídico de la ciudad de Ushuaia que llamó a adherir a posibles damnificados por la “maniobra de las automotrices”, y obtuvo una respuesta masiva.
Los demandantes sostienen que los fabricantes de autos se apropiaron de los beneficios impositivos establecidos en la ley de promoción económica y fiscal vigente en Tierra del Fuego, y comercializaron los vehículos a precios similares al resto del país, donde no rige la quita de impuestos.
En ese contexto, sostienen que las empresas deberían devolverle una diferencia que oscila “entre el 25 y el 60%” del valor de cada auto, incluyendo operaciones realizadas desde 2001 hasta la actualidad, precisaron fuentes ligadas al caso.
La causa fue iniciada ante el Juzgado Civil 1 de la ciudad de Río Grande, a cargo del juez Horacio Boccardo, y desde entonces, las automotrices realizaron diversas presentaciones para conseguir que la causa sea derivada a la Justicia Federal.
Tanto Boccardo primero, como la Cámara de Apelaciones de Río Grande después, rechazaron esa pretensión y ratificaron la competencia de la justicia fueguina.
La Cámara, incluso, denegó un recurso de casación para que el tema fuera tratado por el Superior Tribunal de Justicia fueguino, por lo que el expediente regresó al juzgado de instrucción después de un año.
“Ahora resta la decisión del juez de continuar con el juicio y fijar la fecha de realización de la audiencia oral”, explicó el estudio jurídico demandante “Rauch y Aciar”, en el sitio web donde informan sobre las alternativas de la causa.
La audiencia es “una convocatoria a las partes y sus letrados, de carácter público, donde el juez consultará si existe interés de llegar a una solución conciliatoria negociada y, en caso negativo, fijará definitivamente el objeto del juicio”, indicaron los abogados.
El magistrado también decidirá, entonces, sobre las pruebas ofrecidas, definiendo cuáles “resultan apropiadas, conducentes y útiles para el dictado de la sentencia”, agregaron.
Por su parte, dos de las automotrices, Ford y Toyota, realizaron una presentación para incorporar al caso, “como hecho nuevo”, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme un fallo anterior donde se revocó una multa millonaria contra las automotrices impuesta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, bajo la acusación de haber “concertado precios” en Tierra del Fuego.
Los demandantes en la causa de Río Grande consideran que se trata de una “nueva maniobra dilatoria de las empresas”, aunque el juez deberá, primero, resolver el planteo antes de convocar a la audiencia oral.
“Esta decisión ya era conocida y fue considerada e invocada por los fueguinos en la demanda colectiva promovida, y en concreto era conocida y fue invocada por Ford y Toyota en sus contestaciones. En síntesis, la decisión que ahora ha dejado firme la Corte no agrega, modifica ni introduce ningún hecho nuevo que guarde relación relevante con el derecho ya invocado por las partes en el juicio. Se trata simplemente de una nueva actividad dilatoria de las defensas de esas automotrices, tendiente a demorar y dilatar la fijación de la audiencia pública pendiente para la sustanciación del juicio”, argumentaron los letrados de los 7 mil accionantes de la provincia contra las automotrices.
Y concluyeron que “luego de tres años y medio, los fueguinos siguen esperando respuestas definitivas de la justicia”.
