l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, le corrió vista por tres días al Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) para que se expida sobre la propuesta presentada por dos asociaciones protectoras de animales de Ushuaia tendientes a evitar la erradicación de conejos silvestres en las inmediaciones del predio científico, mediante la fumigación con gas fosfina.
En un escrito fechado la semana pasada, y que trascendió ayer, Calvete también le hizo saber tanto al CADIC como a las asociaciones, que “podría abrirse una instancia conciliatoria, a fin de aunar criterios respecto del conflicto planteado”.
Tanto la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (AFADA) como la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF) presentaron un recurso de amparo en el fuero Federal, requiriendo a la Justicia que frene la erradicación de los animales anunciada por el organismo científico.
En ese expediente, el Cadic sostuvo la necesidad de implementar la medida para salvaguardar los cimientos del edificio de la entidad (perjudicado por las madrigueras que construyen los conejos) y por otros supuestos daños ambientales ocasionados al ecosistema de la zona.
Como contrapartida, las entidades protectoras presentaron el 10 de junio, una solución alternativa a la erradicación, consistente en el “control poblacional ético de los conejos”.
A grandes rasgos, las organizaciones sociales proponen la colocación de trampas para atrapar a los animales, castrarlos y relocalizarlos en otro predio.
La captura se realizaría de forma manual en colaboración con miembros de ARAF, utilizando jaulas “especialmente diseñadas de acuerdo a la especie y cantidad”.
Después, un veterinario se encargaría del procedimiento quirúrgico de castración de “los ejemplares machos y hembras”, y los animales se llevarían hasta “un predio donde se alojarán definitivamente”.
“Proponemos que el CADIC, o sea el Estado, utilice los recursos económicos que tiene a disposición para implementar esta propuesta. Pero además le ofrecimos al juez que si el organismo no quiere hacerse cargo económicamente, lo pagará ARAF”, sostuvo la abogada de AFADA Griselda Engelhard, al momento de la presentación de la propuesta, en diálogo con EDFM.
Esa posibilidad es la que Calvete resolvió “trasladar a la demandada por el término de tres días”.
Según explicó el CADIC en un comunicado, cuando el conflicto se hizo público, los conejos construyen madrigueras que producen “hundimientos y derrumbes, poniendo en serio riesgo la infraestructura que apoye sobre ellas, como el edificio de la institución”.
También mencionaron que este tipo de fauna “destruye la vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y las lluvias”, a la vez que representa “un riesgo sanitario ante el contacto con animales domésticos o con las personas” y “para la seguridad de las aeronaves” ya que el lugar se encuentra próximo a un aeropuerto.
Respecto al método para contener la plaga, el organismo precisó que se utilizará “una fumigación pasiva y extracción manual”, a través de un procedimiento que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos ni de otras especies animales y posee un impacto nulo para el medioambiente”.
En cambio, para las protectoras, la erradicación de los conejos “amenaza la fauna silvestre de la provincia, su diversidad biológica y valor cultural, y la integridad física y psíquica de los animales, vulnerando sus derechos a no ser víctima de sufrimientos innecesarios”.
Las asociaciones sostienen que las pastillas de Fosfuro de Aluminio que se utilizarán para la fumigación, resultan “altamente tóxicas para cualquier ser vivo”, y están clasificadas “en categoría IA (extremadamente tóxicas) por la Organización Mundial de la Salud”.
