Ampliación Corte Fueguina

Más jueces no es mejor Justicia

24/08/2020
L

a premura por tratar la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia habilita un cúmulo de interrogantes y sospechas en relación a la oportunidad y motivaciones que impulsan tal planteo extraordinario.
En pocas palabras, los motivos hasta ahora presentados resultan imposibles de comprender. De ahí que pareciera que existe un consenso extremo en llevar la Corte de 3 a 5 miembros sin que se analice integralmente el funcionamiento del Poder Judicial.
Desde la Cámara han explicado que la unanimidad para la aprobación de esta especie de “trámite express” sea que el juez Gonzalo Sagastume haya fundado la solicitud tomando como principal (o único) argumento la cantidad de causas que tramita ante el máximo tribunal, concluyendo que más jueces en el nuevo edificio será la solución para toda la comunidad fueguina, suena, por decirlo de alguna manera, intelectualmente muy pobre. Vale destacar en este punto que los argumentos se estarían apoyando en estadísticas oficiales que no presentan actualización desde 2011.
A la luz de la experiencia recogida como Provincia puede afirmarse que la simple ampliación del número de integrantes del Superior Tribunal no evitará que llegue una mayor cantidad de expedientes, y mucho menos que éste resuelva con mayor velocidad e independencia de criterio las causas que allí se resuelven.
Inevitablemente surgen una enorme cantidad de interrogantes frente a un proyecto que, con el correr de los días, no sólo va incrementando su nivel de controversia sino que, en estos momentos se presenta como un tema muy lejano a las prioridades de los fueguinos.
La sobreactuación en defensa del proyecto de ampliación de la Corte, cuando la Provincia atraviesa la peor crisis económica, social, sanitaria y laboral de su corta historia, es una respuesta contraria a los reclamos por apoyar a los sectores que generan empleo privado en la Isla.
Por otra parte, tanto los empleados judiciales como numerosos abogados nucleados en ciudades de Río Grande y Ushuaia presentaron objeciones puntuales a la decisión de aumentar el número de asientos en la cúpula judicial. Pidieron mejor Justica y no sólo más jueces. También presentó sus planteos contrarios el Movimiento de Mujeres. El concepto es que más jueces no es garantía de equidad ni diversidad.
En una apretada síntesis, vale mencionar que las causas que llegan al Superior Tribunal lo hacen a través de dos grandes vías. Aquellas que son admitidas para su revisión desde los tribunales inferiores, únicamente a través de recursos extraordinarios. Y por otro, aquellos expedientes que se tramitan directamente en competencia originaría, admitiendo las causas del fuero contencioso administrativo (contratos con el Estado y jubilaciones estatales, principalmente) que no sean litigios por empleo público. También las acciones de inconstitucionalidad contra leyes promulgadas y los conflictos entre poderes públicos (por ejemplo, las tensiones por la coparticipación entre Gobierno y Municipios).
Entonces vale preguntarse: ¿No es más fácil quitarle las causas del fuero contencioso administrativo y armar juzgados específicos como existen en otras provincias, en lugar de ampliar la Corte? ¿No se advierte que a mayor cantidad de jueces será necesario más tiempo para el dictado de las sentencias? Esto sin entrar en detalle del enorme costo que implica ampliar el presupuesto de la Justicia en medio de la coyuntura que aún debemos atravesar.
Pero, además, ¿Con qué criterio se fija como prioridad aprobar una Ley que amplía el Tribunal en momentos donde la participación democrática no puede garantizarse por ningún medio, y donde un gran número de legisladores ni siquiera pueden concurrir a sus bancas por las restricciones de la cuarentena que la pandemia impone? ¿Alcanza como respuesta que es un pedido del propio juez Sagastume?
La Legislatura tiene un rol natural dentro del sistema democrático. Lo central, además del control y contrapeso institucional, es impulsar y debatir nuevas normas que regulan la vida en sociedad. También expandir y reconocer los nuevos derechos en tiempos sociales acelerados. Por lo que, atenuar al mínimo esa función es embrutecer el sistema democrático a su mínima expresión y quitarle todo sentido.
Hay un tema más que aún no entró en la agenda pública sobre esta discusión, pero estamos a horas que esto suceda: El gobernador Gustavo Melella sostuvo en febrero de este año que “tenía la idea de reforma judicial donde se democratice y se establezcan parámetros claros en la elección y designación de jueces, como así también en un análisis pormenorizado en lo que refiere al Consejo de la Magistratura”. A su vez, en ocasión de su participación en la apertura de una reunión de jueces de distintas provincias, remarcó que “en la selección de jueces, la idoneidad de la persona tiene que ser el criterio máximo a tener en cuenta y no si es amigo del gobernador, del ministro o cualquier otra persona”.
Pero no se quedó ahí. En junio sostuvo que “no es el momento económico para la ampliación del Superior Tribunal de Justicia”.
Muy a pesar de esto, los legisladores de FORJA parecen estar en todo de acuerdo con las pretensiones de ampliar la Corte y en posición contraria a la del propio Gobernador.
Una situación similar se produce dentro de las filas de la convergencia PRO-UCR, donde la contraposición de argumentos que aparecen expuestos en la escena nacional y provincial respecto del mismo tema otorga un indisimulable contraste.
Mientras que en el plano nacional los representantes de las bancadas PRO-UCR, el senador nacional Pablo Blanco y el diputado Héctor Stefani, se han pronunciado en sentido contrario al proyecto de ampliación de la Corte tanto nacional como provincial adhiriendo implícitamente al planteo político que desde la coalición se impulsa en referencia a que la reforma judicial es parte de un macabro pacto de impunidad, en el parlamento fueguino los legisladores de dicha alianza han confirmado su acompañamiento.
De acuerdo con este escenario, es casi seguro que el Poder Ejecutivo vivirá la tensión de tener que promulgar una ley contra la que se ha expresado públicamente o vetar una sanción que casi seguramente será aprobada por unanimidad.
El paso siguiente a la aprobación será más explosivo aún. Aprobada la Ley, el Consejo de la Magistratura tiene por función seleccionar a los candidatos. Este organismo ha sido objetado en las últimas décadas por una secuela de fracasos escandalosos en varias de sus propuestas de designación.
Por último, mencionar que en cuanto se conozcan los nombres y apellidos de quienes se inscriban para ocupar ambos cargos, surgirá un escenario que inexorablemente avanzará sobre un mar de especulaciones políticas referidas a cuáles habrían sido los verdaderos motivos para avanzar con una ley semejante en plena crisis, seguramente será un hecho que volverá a teñir con sombras al funcionamiento institucional de nuestra Provincia.
Sabido es que la confianza en las instituciones de la democracia es el pilar esencial para alcanzar no solo la estabilidad institucional sino también la social y económica, por lo que más allá de coincidir o no con la oportunidad de impulsar un proyecto de esta naturaleza, en caso de persistir con su tratamiento resulta fundamental hacerlo de cara a la sociedad, habilitando todos y cada uno de los espacios de participación y debate para que el proceso resulte, cuando menos, trasparente. Y no, todo lo contrario.

Autor : Guillermo Worman
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