ersonal de la Dirección General de Aduanas, organismos dependiente de la AFIP, realizó un operativo en un camión de transporte de cargas, donde se detectó un cargamento de casi 15 kilos de marihuana, droga que estaba compactada en forma de “ladrillos”. Por el momento hay un solo detenido y no se descarta que las averiguaciones el caso deriven en nuevos procedimientos.
Tras ser anoticiado del caso, el Juzgado Federal de Río Grande tomó intervención en el caso el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, por subrogancia legal, quien dispuso la requisa del camión y la detención, en carácter de incomunicado, del chófer de la unidad, quien fue identificado como Víctor Diez.
De acuerdo a lo que se pudo saber del caso, a últimas horas de este martes, un camión de carga ingresó a Río Grande por el paso fronterizo San Sebastián. Allí fue controlado y el personal de la Dirección General de Aduanas dejó que el camionero siga su marcha hasta la ciudad, ya que debía presentarse en el Depósito Fiscal 6, ubicado en calle Islas Malvinas al 1600.
El transporte de cargas pertenece a la empresa Sonel y fue requisado en el parque industrial donde se procedió al decomiso de unos paquetes de ladrillos compactados que fueron sometidos a los reactivos de narcotest, arrojando resultado positivo para “cannabis sativa”. Además, se procedió a realizar el pesaje, arrojando un volumen de 14 kilos 800 gramos.
Si bien oficialmente no trascendieron más detalles de la causa, las fuentes consultadas no descartaron que surgieran nuevos procedimientos en torno a este caso, para establecer el destino que tenía el cargamento, cuestión que se podrá dilucidar a partir del aporte que pueda hacer el único detenido en este caso.
Respecto a la imputación por la que quedaría procesado el chófer del camión, en primera instancia sería por el delito de contrabando establecido en el artículo 866 del Código Aduanero, el cual reprime con penas que van de 3 a 12 años el que cometa ese delito, con sustancias estupefacientes en cualquier etapa de su elaboración o precursores químicos.
De todas maneras, la sanción se agrava y se aplica de 4 años y 6 meses a 16 años cuando se tratare de estupefacientes elaborados o semielaborados “que por su cantidad estuviesen inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del territorio nacional”.
