l viernes sesionó el Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia de la jueza María del Carmen Battaini, en el cual se abordó, entre otro asuntos, el proceso de enjuiciamiento contra el juez de Instrucción de Río Grande, Raúl Nadim Sahade, en base al nuevo hecho que constituye la resolución que rechaza el requerimiento fiscal por el delito de cohecho agravado.
En la reunión, se informó que el jueves 10 de junio se remitió a los Consejeros, vía correo electrónico, de la copia de la resolución remitida por el Juzgado de Instrucción 1 del Distrito Judicial Norte (Daniel Cesari Hernández). Frente a esto se decidió que hasta tanto “no se encuentre firme la resolución, no exista modificación sustancial de las circunstancias valoradas oportunamente”.
Sin embargo, en disidencia a lo que resolvió la mayoría, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, ratificó la posición que adoptó el pasado 8 de marzo, que a través de un escrito, entendió que “el proceso ante el Consejo y el proceso penal, responden a objetivos distintos, con lo cual podría avanzarse en esta órbita, aun no habiendo reproche en sede penal”.
Esta vez, el Vicepresidente del Consejo de la Magistratura expresó: “Aceptar el criterio postulado por la Fiscalía implicaría abdicar de una de las dos funciones que la Constitución de la Provincia el asignó al Consejo de la Magistratura, esto es el proceso de selección de magistrados por un lado y por el otro el proceso de destitución”.
Martínez de Sucre sostuvo que “ligar estrechamente la actuación del Consejo en un período de enjuiciamiento con el resultado de una causa penal, implicaría la lisa y llana desaparición de la segunda de las funciones constitucionales del Consejo de la Magistratura”. Y, para ahondar en lo expuesto, acompañó un fallo del 16 de febrero del corriente año, en el caso “Cordero Bernal vs. Perú”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde “queda cabalmente demostrado la independencia entre la actuación del Consejo de la Magistratura y la actuación en el ámbito de la justicia penal”.
En su exposición, el Fiscal de Estado dijo que “sería muy fácil admitir esta interpretación, eludir las consecuencias de un eventual proceso dando por ejemplo casos donde puedo autodenunciarme o hacerme denunciar por tercero por un delito que pueda no ser tal, relacionado con la conducta que se me imputa y de esta manera lograr una desestimación de la denuncia o una absolución y queda indemne de la conducta que se imputó en el expediente disciplinario”.
“En síntesis, abdicaríamos de una potestad consagrada por la Constitución a siete integrantes de distinta extracción, a la decisión de un Fiscal Judicial o, en el mejor de los casos, a la decisión de una Juez de Primera Instancia Penal”, cierra lo expuesto por el Vicepresidente del Consejo de la Magistratura.
La reunión del viernes, contó con la presencia de todos los Consejeros: La jueza María del Carmen Battaini (Presidenta); el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre; el ministro Jefe de Gabinete, Paulo Agustín Tita; los legisladores Pablo Villegas y Ricardo Furlan; los abogados María Gabriela San Martín (Ushuaia) y José Rodas Fernández (Río Grande).
