e podría decir que antes de que se declarara la pandemia de COVID-19, allá por marzo de 2020, la oferta y demanda en materia de alquileres se mantenía dentro de los parámetros normales, aunque ya costaba conseguir vivienda. Pero sumado a la situación sanitaria, el Congreso Nacional sancionó la famosa y controvertida ley de alquileres, que más allá de todo su contenido integral, obligó a los propietarios a declarar ante la AFIP los ingresos que tienen por esos inmuebles.
Estas dos circunstancias, que en lo inmediato parecía no alterar el escenario en el rubro inmobiliario, con el paso de los meses, tuvo un claro efecto negativo que derivó en la retracción de la oferta. Por estos días muy pocos hablan del tema, salvo quienes se ven afectados directamente. Los únicos que alzan su voz en redes sociales e innumerables grupos de WhatsApp son las personas realmente afectadas que, con angustia, desesperación y por qué no, hasta desesperanza, buscan un lugar donde vivir.
Los precios desorbitantes, las condiciones exigidas y la escasa oferta han derivado en que, en nuestra provincia, pero particularmente en Ushuaia, se esté viviendo una situación de una gravedad sin antecedentes.
Y cuando digo que “nadie vio venir” es porque a mediados de marzo de 2020, ninguno se imaginaba que la falta de oferta de alquileres iba a llegar al punto en que el mercado inmobiliario se encuentra hoy. Pero como a veces todo tiene que ver con todo, levantadas las restricciones por la pandemia, Ushuaia tuvo una temporada de invierno 2021 con una afluencia turística récord. Esta masiva llegada de turistas, que seguramente se va a repetir este 2022, atentó y fue en desmedro para las personas con residencia permanente en la capital fueguina. Entre las ganancias inmediatas que genera alquilar una casa o departamento a turistas, a valores que rondan entre los 70 y los 150 dólares por día (dependiendo de las dimensiones, comodidades y ubicación del inmueble), y tener que firmar un contrato por ley ante la AFIP para alquilar a residentes, con pago mensual en pesos, obviamente los dueños optaron por la primera opción.
Y no es cuestión de criticar a los dueños de inmuebles, porque obviamente la propiedad privada en síntesis es eso, la posibilidad de disponer de los bienes como a cada propietario les parezca. Pero lo que no es menos cierto, por las circunstancias que sean, hoy el problema es muy complejo.
De hecho, en redes sociales o grupos de WhatsApp, hay parejas que relatan que viven hacinados en una habitación con dos o tres hijos; parejas consolidadas que han tenido que volver a vivir con sus padres porque no han podido renovar los contratos; o el caso de abusos en los precios, donde por residir en habitaciones de viviendas particulares llegan a pedir entre 50 y 60 mil pesos con requisitos descabellados.
Esta situación también ha frustrado proyectos de vida de personas que han vivido durante muchos años en Tierra del Fuego y se han tenido que volver a sus provincias. Ello por no poder afrontar los aumentos en las renovaciones contractuales o directamente por no encontrar un inmueble para alquilar.
Es obvio que el escenario actual no va a cambiar de un día para otro, porque el propietario que optó por alquilar a turistas lo va a seguir haciendo ya que económicamente le es más redituable. Pero es necesario que el Estado a través de la representación política en cada uno de sus estamentos tomen cartas en el asunto y asuman el problema con la rapidez y celeridad que el tema amerita.
Sin duda la entrega de tierras o la entrega de viviendas es el único camino para descomprimir la situación en Ushuaia. Y aclaro que hablo de la capital fueguina porque evidentemente Río Grande tiene oferta de alquileres, quizás no desmedida, pero hay donde buscar y conseguir donde vivir.
Vale la pena reiterar que no será un tema que se solucione en el corto plazo, sin embargo, es necesario que la comunidad vea una posición más activa de nuestros representantes políticos, no sólo declaraciones aisladas sino acciones concretas: asignación de recursos en urbanizaciones y presupuestos para construir viviendas; asignación de recursos para servicios en nuevas urbanizaciones; y por supuesto, herramientas de financiación para el acceso a la compra de tierras fiscales y/o de viviendas, a través de los organismos públicos. Lamentablemente esta será la única posibilidad de evitar el colapso, ocupaciones ilegales y sectores de hacinamiento en Ushuaia.
Porque además hay que decir que más allá del déficit habitacional arrastrado a lo largo de los años - cuya demanda ronda entre 15 y 20 mil viviendas en toda la provincia -, sigue llegando gente del norte del país. De hecho, muchos de ellos llegan pensando que van a alquilar algo rápido, pero con el paso de los días se dan cuenta que no tienen donde vivir. En fin, otra circunstancia que también demuestra la insuficiencia habitacional que atravesamos.
Hoy, lamentablemente, la realidad es ésta. Nadie lo vio venir, pero es momento de que el Estado en todos sus niveles tome cartas en el asunto y comience a revertir en el mediano plazo lo que está sucediendo.
