l llamado “proyecto chino” en Tierra del Fuego se remonta a 17 años atrás, en 2008, cuando la recién asumida como gobernadora, Fabiana Ríos, reimpulsó la idea de industrializar los recursos naturales de la provincia, como una forma de ampliar la matriz económica, siempre tan atada a la producción de electrónicos a través del subrégimen promocionado.
La iniciativa apuntaba a terminar con el perfil extractivista del sector hidrocarburífero y empezar a darle valor a recursos naturales como el gas.
Para ello se apuntó a generar un proyecto, consistente en la instalación de una planta industrial en la zona norte de la isla que produjera metanol o urea, utilizando como materia prima el gas fueguino.
La lógica del gobierno era la siguiente: La Nación pagaba regalías por el petróleo y gas que recibe desde la isla. La provincia solicitaba percibir una parte de esas regalías en especies (o sea en gas) para vendérselo a los productores que se instalaran en la provincia.
El primer paso lo dieron el entonces ministro de Economía y luego vicegobernador Roberto Crocianelli, y el entonces secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, quienes viajaron a China, en concreto a la provincia de Shaanxi.
De allí surgió un memorándum de entendimiento y luego el primer convenio con la ya constituida Tierra del Fuego Energía y Química (TEQSA) formada por capitales chinos de la Shaanxi Chemical Industry Group.
A grandes rasgos el contrato comprometía a la provincia a venderle a TEQSA “1,5 millones de metros cúbicos de gas hasta el 31 de diciembre de 2035, a un precio base de U$S 2,10 por millón de BTU, que la empresa debía destinar a la producción de urea en la planta que debía construir en la zona del parque industrial “Las Violetas”.
El argumento del gobierno era que la provincia vendía el gas a un monto superior a las regalías que habría obtenido de la Nación.
Sin embargo, el valor era inferior al de los mercados internacionales, incluso a los que el propio gobierno nacional pagaba al importar gas de Bolivia.
Entonces, el primer gran cuestionamiento al proyecto fue el valor de la venta del gas a los chinos.
Pero no fue el único, porque el Tribunal de Cuentas (por entonces muy celoso de los controles a la gestión Ríos) cuestionó también (y lo mismo hizo la Fiscalía de Estado) la falta de una licitación pública.
En diciembre de 2008, la Legislatura aprobó el convenio chino desoyendo las objeciones de los organismos de control. El único voto negativo en esa ocasión fue del legislador radical Gabriel Pluis.
En junio de 2009, cuando ya proliferaban los cuestionamientos al proyecto, el tema terminó en la Justicia. La jueza penal María Cristina Barrionuevo ordenó allanamientos. Secuestraron el expediente original del proyecto y descubrieron que tenía 31 fojas más que el enviado a la Legislatura.
Por ese entonces, el ya renunciado ex vicegobernador Carlos Bassanetti dijo estar “totalmente convencido sobre la inconstitucionalidad de seguir adelante con esta contratación directa” con la empresa. Es decir, objetó la falta de una licitación.
En diciembre de 2009 el Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley 774 que había habilitado la venta directa del gas sin proceso licitatorio y todas las tratativas volvieron a cero.
En ese tiempo también se discutió judicialmente si el viaje original de Crocianelli y D`Andrea a China había sido pagado por la empresa que luego se benefició con el contrato.
El representante de TEQSA, Fernando Lin, un personaje conocido por haber sido lobbista de la familia Macri en China, fue citado por la Justicia y confirmó que la empresa pagó los pasajes.
En julio de 2010, el gobierno de Ríos licitó la venta de gas de regalías, y TEQSA fue la única empresa oferente.
El 18 de octubre de ese año la Legislatura aprobó un nuevo proyecto chino por 11 votos contra 3, en medio de rumores sobre supuestos sobornos a los legisladores y al periodismo. El dirigente del PJ Esteban “Chiquito” Martínez planteó una posible compra de votos: “Esto es como las brujas, dicen que no existen, pero que las hay, las hay”, dijo.
La empresa compró el terreno en estancia Las Violetas y tramitó ante la Dirección Nacional de Migraciones el permiso de ingreso al país de 36 ciudadanos chinos con contrato de trabajo.
Sin embargo, empezó a tomar forma la versión de que el Gobierno Nacional, por entonces bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no estaba de acuerdo con el proyecto.
En el puerto de Ushuaia retuvieron varios contenedores despachados por TEQSA que, después se supo, contenían diversos elementos usados, tales como “colchones, camas cuchetas, televisores y utensilios de cocina (wouk, las tradicionales ollas chinas)”. También materiales de construcción, entre los que se mencionó “alambre, hierro, bentonita y cemento”, y maquinaria diversa, “una usina usada, bloqueras, plantas de hormigón armado y sondas para hacer estudios de suelo”.
En noviembre de 2011 Ríos promulgó mediante el decreto 2848 la Ley Provincial 828, que “aprueba en todos sus términos el convenio celebrado entre la provincia y la empresa”. Y el 25 de diciembre de ese año, la compañía pagó por adelantado U$S 30.092.336.
Pero como los problemas logísticos seguían, arrancaron una serie de prórrogas del convenio, mientras TAQSA buscaba asociarse con Fabricaciones Militares (empresa del Estado nacional) para destrabar la llegada de insumos importados que le permitieran concretar la obra en el norte provincial.
Las prórrogas se sucedieron hasta el final del mandato de Ríos, en 2015, y en 2016, la entonces gobernadora Rosana Bertone (siempre opositora al proyecto) dictó el decreto 1426 dando por concluido el contrato por incumplimiento de los chinos.
La empresa presentó primero un recurso de reconsideración y en 2019, Verónica Muchnik, en su carácter de apoderada de la empresa, inició una demanda judicial contra el Estado fueguino ante el Superior Tribunal.
En ese expediente la provincia contestó reclamándole a los inversores U$S 4.903.246 correspondientes al segundo adelanto nunca abonado más $274.912.279 de la época en concepto de remanente de compensación por multas.
El proceso continuó hasta el reciente anuncio del gobernador Gustavo Melella que, se supone, concluirá el pleito judicial.
Como informó este medio, Melella anunció que los chinos retomarán el proyecto original en dos etapas. La primera incluye el emplazamiento y montaje de dos generadores de turbinas y luego la puesta en marcha de la central termoeléctrica, con una inversión aproximada de 100 millones de dólares. La segunda será la construcción de la planta con una inversión aproximada de 730 millones de dólares.
Se determinó que la empresa debe emplear materias primas y mano de obra fueguinas; también deben volcar al mercado nacional lo producido a fin de que se sustituyan las importaciones y aumentar el valor agregado a las materias primas locales.
Como Tierra del Fuego no dispone de las regalías de gas porque la gestión Bertone las colocó como garantías del empréstito en el exterior de 200 millones de dólares, TEQSA comprará el gas necesario para su emprendimiento a empresas hidrocarburíferas de la isla.
Y en relación a los 30 millones de dólares ya pagados por adelantado por los chinos, el acuerdo estipula que la provincia realizará exenciones impositivas a la empresa hasta alcanzar ese monto y hasta que vuelva a disponer de las regalías gasíferas.
