a jueza Cecilia Cataldo, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Río Grande, declaró su competencia para entender en la denuncia realizada contra la gerencia de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande; y como primera medida, resolvió dictar el secreto de sumario de manera que ni el denunciante, ni los denunciados, podrán tener acceso al expediente, mientras dure esa medida.
En tanto, el Fiscal Mayor, Martín Bramatí será quien impulse la investigación de los hechos que fueron denunciados por un empleado que fue echado de la Cooperativa y que cuenta con el patrocinio de la abogada particular, Adriana Varisco; apuntando contra los integrantes de la gerencia por irregularidades en el manejo de fondos.
De esta forma, la causa ya tiene designado el Tribunal que llevará adelante la investigación, luego que la jueza Federal Mariel Borruto resolviera, el pasado lunes, declarar su incompetencia en la causa y girar la misma al Juzgado Provincial.
La denuncia apunta al gerente, Santiago Barrientos; al subgerente, Segundo Santana y al contador Ezequiel Proc; a quienes se les imputan delitos tales como defraudación, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes del funcionario.
Cabe señalar que desde que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Federal, el pasado 17 de junio y este lunes 23, no se realizaron medidas judiciales para obtener pruebas, a pesar de que la abogada advirtió que podría existir riesgo de que se puedan hacer desaparecer elementos que ayudarían en la tarea investigativa.
Cabe señalar que la doctora Adriana Varisco no descartó que pueda surgir, además, la existencia de una asociación ilícita; ante la participación de más personas en los hechos, lo cual agravaría aún más los presuntos delitos que se denunciaron.
En su presentación, recuerda que el 13 de enero, el INAES ordenó la realización de una investigación en la Cooperativa Eléctrica, para lo cual existían 90 días para realizar un informe. Ese plazo se venció el pasado 13 de mayo y, hasta el momento, el informe que debió realizar el encargado de hacer la auditoría no dio a conocer los resultados de su trabajo.
Tras lo acontecido con el veedor del INAES, el empleado decidió contratar a la abogada Adriana Varisco para formular la denuncia y, además, solicitó que su identidad se mantenga bajo reserva. Son más de quince hechos los que surgen del escrito que consta de más de 30 fojas.
