a Fiscalía de Estado cerró un capítulo de fuerte repercusión institucional al desestimar la denuncia presentada por Rubén Rafael sobre supuestas irregularidades en la rendición de fondos del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP). El dictamen N.º 11/25 y la Resolución N.º 71/25, emitidos a fines de septiembre, fueron categóricos: no hubo inconductas administrativas, ni gastos injustificados, ni perjuicio económico para el Estado provincial.
La denuncia se había centrado en la existencia de consumos en restaurantes, hoteles y comercios locales, a los que se intentó dar la apariencia de maniobras indebidas o de un uso arbitrario de recursos públicos. Sin embargo, tras un examen exhaustivo de la documentación, la Fiscalía de Estado determinó que esos gastos estaban debidamente respaldados con comprobantes, que formaban parte de expedientes administrativos regulares y que correspondían a misiones oficiales y reuniones de trabajo.
En ese sentido, el dictamen subrayó que los comprobantes analizados fueron presentados en tiempo y forma, acompañados por las rendiciones correspondientes y autorizados por las áreas competentes. Por lo tanto, carecía de asidero sostener que se trataba de erogaciones personales o de carácter privado.
Por otra parte, la Fiscalía recordó que la doctrina del Máximo Tribunal Federal y del Superior Tribunal de Justicia provincial es clara: la remuneración y los gastos deben corresponder al cumplimiento de servicios efectivos, y solo pueden reconocerse aquellos que estén previstos por la normativa vigente. En este caso, se verificó que todo el procedimiento administrativo se había cumplido, descartando la posibilidad de irregularidades.
Además, el dictamen fue más allá al cuestionar la intencionalidad de la presentación. En su análisis, calificó la denuncia como “malintencionada y carente de rigor periodístico”, dado que se basaba en interpretaciones parciales o erróneas de comprobantes válidos. Según la Fiscalía, no solo se pretendió instalar sospechas infundadas sobre el manejo de fondos, sino que también se buscó erosionar la credibilidad del Tribunal de Cuentas mediante afirmaciones sin respaldo jurídico.
En consecuencia, la Resolución N.º 71/25 resolvió rechazar de manera categórica las pretensiones de Rubén Rafael y disponer el archivo de las actuaciones. El organismo subrayó que, lejos de configurarse un perjuicio para el Estado, la investigación reafirmó la transparencia de los procesos de rendición de gastos dentro del TCP.
Este pronunciamiento deja abierto el futuro de próximas denuncias en sede de la Fiscalía. Por un lado, reafirma la importancia de la Fiscalía de Estado como órgano de control jurídico, encargado de garantizar que las actuaciones administrativas se ajusten a derecho. Por otro, envía un mensaje claro sobre la necesidad de diferenciar entre críticas legítimas al uso de fondos públicos y denuncias que, sin pruebas, solo buscan generar confusión y desgaste político.
Asimismo, el rechazo de la denuncia contribuye a fortalecer la confianza en los mecanismos de contralor y fiscalización provincial, al dejar en claro que cada gasto fue justificado, auditado y validado en el marco normativo correspondiente. En ese marco, la Fiscalía recordó que la rendición de fondos públicos no solo es un requisito legal, sino también una práctica que asegura la transparencia y el buen uso de los recursos de todos los fueguinos.
Finalmente, la conclusión del dictamen plantea una proyección hacia el futuro: si bien es indispensable que existan espacios de control y canales para denunciar posibles irregularidades, también resulta fundamental que esas presentaciones se realicen con responsabilidad y sustento jurídico. De lo contrario, advirtió el organismo, se corre el riesgo de banalizar la herramienta de la denuncia y de convertirla en un instrumento de desgaste político sin efectos positivos para la comunidad.
