a presentación del camarista penal Andrés Leonelli ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo, en conjunto con su abogado defensor y ex Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Ariznabarreta, marca un hecho sin precedentes en el ámbito judicial fueguino.
El magistrado, que fue sobreseído en una causa que consideró “kafkiana”, decidió recurrir al mecanismo institucional del jury de enjuiciamiento para pedir la destitución de la jueza de Instrucción Barrionuevo. El planteo sostiene que la magistrada incurrió en “abusos, arbitrariedades, discrecionalidades y desconocimiento del derecho”, afectando no solo su honor sino también la credibilidad del Poder Judicial.
“En menos de cuatro meses, la Cámara revirtió cuatro decisiones de la jueza Barrionuevo, todas por irregularidades graves: abusos, demoras o violaciones al derecho de defensa”, explicó Leonelli. Y añadió: “El problema no es el Poder Judicial, sino ciertos operadores que dañan su esencia. No me causa alegría tener que llegar a esto; lo hago por respeto a la institución y para que no vuelva a suceder”.
El camarista relató también el impacto humano que el proceso tuvo sobre su familia. “Mi esposa y mis hijos vivieron meses de angustia. Mi hijo de cuatro años me preguntaba por qué sus amigos ya no venían a casa. Esas huellas no las borra un fallo judicial”, sostuvo.
Por su parte, el abogado Gustavo Ariznabarreta –ex jefe de los defensores oficiales de la provincia– afirmó que “los errores judiciales son posibles, pero cuando se repiten de forma sistemática y bajo un patrón de arbitrariedad, dejan de ser errores para transformarse en abuso de poder”. “El ejercicio de la acción penal es como el bisturí de un cirujano: está hecho para curar, pero mal usado puede matar”, graficó.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el llamado que la jueza Barrionuevo habría realizado al juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, minutos antes de ordenar el allanamiento al domicilio y oficinas del camarista penal. Esa comunicación, reconocida por la propia jueza, no fue asentada en el expediente ni cuenta con respaldo procesal. Para Leonelli y Ariznabarreta, constituye un acto “irregular e injustificable” que vulnera la independencia judicial y podría estar vinculado con la filtración inmediata del operativo a medios locales.
“La noticia del allanamiento empezó a circular cuando la policía recién entraba a mi casa. Eso no pasa nunca. Alguien avisó, y esa filtración dañó no solo mi nombre sino la credibilidad del sistema”, denunció Leonelli. En su presentación ante el Consejo, se señala que “la magistrada no solo incumplió el deber de reserva, sino que omitió cualquier registro formal de su comunicación con un miembro del Superior Tribunal”.
La denuncia también detalla graves anomalías en la custodia y manipulación de la prueba. Leonelli contó que, al revisar los elementos secuestrados en su domicilio, constató que los precintos de seguridad estaban violados y las bolsas termoselladas habían sido reabiertas y firmadas por una sola persona. “La jueza respondió que eso era habitual. Si lo fuera, debería existir un acta, pero no hay nada. Todo el procedimiento fue un disparate”, señaló.
Otra situación que los denunciantes califican como “inaceptable” fue la presencia personal de la jueza Barrionuevo en el allanamiento. “Llegó una hora y media después de iniciado el operativo, se rió en medio del procedimiento y dijo: ‘Qué linda vista tenés acá’. Estuvo cuatro minutos y se fue. Es un acto de desprecio y de descontrol institucional”, relató el camarista.
El escrito elevado al Consejo de la Magistratura incluye además antecedentes de advertencias previas del Superior Tribunal a la misma jueza por actuaciones irregulares. En 2017, el máximo tribunal provincial le había señalado que vulneró los derechos de una niña víctima de abuso al tomarle declaración directa, sin cumplir con los protocolos de Cámara Gesell. “Eso demuestra un patrón de conducta. No importa si se trata de una víctima o de un imputado: el criterio arbitrario es el mismo”, argumentó Ariznabarreta.
La denuncia, acompañada de más de cien fojas documentales, será analizada por el Consejo de la Magistratura, que deberá decidir si da curso al proceso de destitución. Según Leonelli, “no se trata de una venganza personal, sino de una cuestión institucional”. “Lo que buscamos es que estas prácticas no se repitan. Si esto le pasa a un juez de Cámara, ¿qué le puede pasar a un ciudadano común?”, se preguntó.
El caso, que terminó con su sobreseimiento y una resolución que “le devolvió el honor”, dispara un debate profundo sobre los límites del poder judicial y el control del ejercicio de la acción penal. En palabras de Ariznabarreta, “el Poder Judicial no puede tolerar la arbitrariedad como método. La justicia se mide tanto por los fallos que dicta como por el modo en que sus jueces ejercen el poder”.
El pedido de destitución ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza María Cristina Barrionuevo abrirá un debate sin precedentes en el sistema judicial fueguino, que ahora enfrenta el desafío de juzgar a una jueza de instrucción que es denunciada por una camarista penal. Una situación absolutamente extraordinaria dentro del Poder Judicial. Además, abrirá un fuerte debate de un caso que estuvo atravesado por innumerables polémicas durante toda su instrucción.
Sin estar dentro del foco de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, tanto Leonelli como Ariznabarreta también objetaron severamente el desempeño de la Fiscal María Guadalupe Martire.
