l Gobierno de Tierra del Fuego desmintió públicamente que exista una intervención nacional en el puerto de Ushuaia. La secretaria de Coordinación Legal de la provincia, María Ángeles Arroyo, afirmó que no hay ningún acto administrativo que respalde una medida de ese tipo y calificó como ilegítima la figura de intervención administrativa planteada por una agencia del Estado Nacional.
En declaraciones públicas, la funcionaria explicó que la competencia sobre el puerto fue transferida a la provincia mediante ley, y que los organismos nacionales carecen de atribuciones para intervenir su funcionamiento. “Sería una injerencia en la autonomía provincial”, sostuvo.
Arroyo explicó que la agencia nacional involucrada —la Administración Nacional de Puertos e Infraestructura (ANPI)— sólo tiene facultades para otorgar o suspender habilitaciones portuarias, pero no para asumir el control administrativo ni operativo. “Inventaron una figura que no existe. Hablan de una intervención administrativa, pero no está dentro de sus funciones”, cuestionó.
La funcionaria detalló que, ante la circulación de notas por correo electrónico, el Gobierno provincial exigió formalmente el acceso al expediente, tanto en formato virtual como físico. “Nos dieron vista por cuatro horas a 3.000 kilómetros, algo totalmente ilegítimo”, denunció, y añadió que tras impugnar ese acto lograron una prórroga de diez días, que aún así no respeta los plazos legales.
Según explicó Arroyo, el conflicto se originó tras una inspección realizada en septiembre de 2024, en la que se dejaron observaciones sobre la operatoria portuaria. “El puerto respondió en tiempo y forma con informes respaldatorios. Desde entonces no hubo más comunicación hasta diciembre, cuando enviaron una intimación por cinco días”, relató.
Frente a esta situación, el equipo legal del puerto, junto a la asesoría externa contratada y en coordinación con el área legal de gobierno, inició un análisis técnico-jurídico. “Estamos evaluando todos los escenarios posibles, desde una suspensión de la habilitación hasta un intento de intervención directa”, señaló.
La secretaria remarcó que el puerto de Ushuaia fue calificado por las propias empresas armadoras como uno de los más seguros de Latinoamérica. “No existe ninguna denuncia de los usuarios sobre fallas de seguridad”, aseguró, y consideró que el accionar del organismo nacional ‘llama la atención’ por su falta de fundamentos objetivos.
Arroyo planteó que este intento de intervención se da en un contexto donde el Gobierno Nacional ha expresado públicamente su intención de desarrollar una base naval integrada y un puerto multipropósito en cercanía a Ushuaia, con apoyo de Estados Unidos. “Estamos a nada de la Antártida, y la cuestión logística es estratégica. No podemos desconocer que el Gobierno Nacional está alineado explícitamente con Estados Unidos”, advirtió.
En ese sentido, sugirió que el conflicto actual podría ser un paso previo para avanzar con una concesión o privatización. “Podemos pensar, haciendo un ejercicio de hipótesis, que esta intervención administrativa podría llevar a una concesión”, indicó.
La funcionaria afirmó que la provincia evalúa acciones legales ante una eventual decisión nacional que viole la autonomía provincial. “Si se dispone una intervención, al segundo estaríamos presentando una medida cautelar para frenarla”, afirmó. También anticipó que, de ser necesario, el caso podría escalar a la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, Arroyo hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación frente a las versiones infundadas. “Montar un desprestigio del puerto perjudica a todos los fueguinos. Hay que tomar con seriedad la información que se difunde”, concluyó.
