l intendente de Río Grande, Martín Pérez, expresó una fuerte preocupación por la decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y productos electrónicos, una medida que —según afirmó— golpea de lleno al corazón productivo de la ciudad. En declaraciones públicas, el jefe comunal advirtió que el arancel cero no solo debilita el régimen industrial fueguino, sino que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y acelera un proceso de desindustrialización con consecuencias sociales profundas.
En ese marco, Pérez calificó la medida como “un camino de no retorno” y estimó que, de sostenerse el rumbo actual, Río Grande podría perder entre 2.000 y 2.500 empleos industriales adicionales, sumándose a los más de 2.000 puestos ya destruidos en los últimos dos años. “Estamos hablando de una ciudad cuya matriz laboral depende en un 80% del sector industrial formal. El impacto no es abstracto, es concreto y cotidiano”, remarcó.
Asimismo, el intendente recordó que la eliminación de aranceles no surgió de un análisis técnico ni de un diálogo con las provincias, sino que tuvo un primer anuncio durante la campaña electoral de 2023. “Fue una medida electoralista, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni cuando era candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Prometían celulares más baratos, pero eso no ocurrió”, señaló.
Según Pérez, la apertura irrestricta a productos electrónicos importados no mejora la competitividad ni reduce de manera significativa los precios al consumidor. “No hay un beneficio real para la gente. En cambio, sí hay un daño enorme para la industria nacional y el empleo local”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la medida “no genera inversión, no agrega valor y no dinamiza la economía”.
En esa línea, cuestionó el modelo económico que impulsa el Gobierno nacional. “Es un esquema que no concibe un país con capacidades productivas propias. La apertura se aplica como dogma ideológico, sin medir el impacto territorial y social”, explicó.
Pérez también subrayó el carácter estratégico del régimen fueguino. “Este modelo tiene más de 50 años y permitió desarrollar una industria sólida en un lugar clave desde el punto de vista geopolítico. Lo que se está desmantelando no es solo una fábrica, es una estructura productiva que sostiene a toda la ciudad”, sostuvo.
A este escenario se suma la fuerte caída del consumo a nivel nacional, que agrava aún más la crisis. “No es solo el arancel cero. La actividad económica ya venía en retroceso y eso hizo caer los niveles de producción incluso antes de esta decisión”, detalló.
El impacto, explicó, se siente en toda la economía local. “Cuando cae la industria, cae el comercio, el transporte, la logística. La apertura indiscriminada y el ajuste fiscal están desangrando a Río Grande”, afirmó.
La situación se vuelve aún más crítica con el derrumbe del sector textil, donde varias empresas ya cerraron sus puertas. “Estamos viendo un proceso de desindustrialización sin retorno. Desde el municipio hacemos todo lo posible, pero es evidente que esto supera nuestras capacidades”, reconoció.
En ese contexto, el intendente planteó la necesidad de coordinar acciones entre el Estado y el sector privado. Mencionó, por ejemplo, el proyecto de construcción de un puerto en la zona norte de la ciudad, impulsado por la empresa Mirgor. “Es una inversión privada estratégica para transformar la logística local, pero no avanza. En este momento, cada oportunidad que se pierde profundiza la crisis”, lamentó.
Pérez también cuestionó el abandono de la obra pública nacional. Más de diez proyectos se encuentran paralizados, entre ellos el plan PROCREAR II, que contemplaba 180 viviendas. “El Gobierno nacional decidió correrse completamente. Y obras de esa magnitud no las puede asumir un municipio”, afirmó.
Respecto al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), confirmó la firma de convenios para financiar dos proyectos en Río Grande: la modernización del parque industrial y la ampliación de infraestructura para nuevos sectores. Sin embargo, aclaró que esos recursos no provienen del Estado nacional. “Son fondos generados por las propias empresas de Tierra del Fuego. No es asistencia, es un derecho”, subrayó.
Finalmente, el intendente llamó a construir una respuesta común frente al escenario actual. “Nuestra provincia está en una situación de vulnerabilidad. El ataque a la industria es real y debemos enfrentarlo con unidad”, expresó.
En el cierre, defendió el modelo productivo fueguino y marcó distancia del ajuste extremo. “No creemos en la motosierra. No vamos a destruir lo que costó décadas construir. Apostamos a un Estado que acompañe, que defienda el trabajo y que no abandone a su gente”, concluyó.
