a falta de transferencia en tiempo y forma de fondos de coparticipación provincial comenzó a afectar el funcionamiento diario de Ushuaia y la prestación de servicios esenciales. Desde el Ejecutivo local señalaron que la demora acumulada representa cerca de un mes de recursos que corresponden al municipio.
El secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, explicó que el atraso alcanza cifras significativas y genera un fuerte impacto en las finanzas municipales. En ese sentido, indicó que “a cálculos de esta semana, probablemente estemos en torno a los 10.000 o 11.000 millones de pesos, que son 30 días de atraso en el envío de fondos”, y advirtió que esa situación permite que la provincia administre durante un mes recursos que pertenecen a la ciudad.
El funcionario remarcó que la falta de previsibilidad comienza a afectar compromisos básicos del municipio. Según señaló, “esto empieza a poner en riesgo prestaciones de servicios que son básicos”, y detalló que, tras el pago de los sueldos municipales, deben afrontarse contratos centrales como los vinculados a la recolección de residuos y al transporte público. “Tener 30 días de atraso realmente pone en jaque las finanzas municipales”, sostuvo.
Iriarte explicó que la situación no es nueva, pero que se agravó en los últimos meses. Al respecto, señaló que “es algo que se viene dando a lo largo del año, pero que se profundizó de una manera muy preocupante desde fines de noviembre para acá”, y agregó que el escenario actual se vuelve insostenible para la administración local.
Consultado sobre el diálogo con el Gobierno provincial, el secretario de Gobierno aclaró que existen canales abiertos, aunque consideró que resultan insuficientes sin definiciones concretas. “El diálogo está, porque aun sabiendo que nos van a enviar menos recursos necesitamos saber cuánto es lo que nos van a enviar para poder programar”, explicó, y cuestionó la reducción progresiva de fondos que corresponden por coparticipación.
El funcionario sostuvo que el problema no es político-partidario, sino institucional, y remarcó que los recursos retenidos pertenecen a los vecinos de Ushuaia. En ese marco, afirmó que “no remitir los fondos implica que los vecinos no tengan disponibilidad de esos recursos para volcarlos en obras o en servicios básicos”, y planteó la necesidad de avanzar en un marco legal que otorgue mayor previsibilidad a los municipios.
Iriarte advirtió además sobre las consecuencias sociales que podría generar la continuidad del atraso. Según señaló, “si esto sigue avanzando va a afectar la paz social”, ya que la falta de fondos puede derivar en incumplimientos salariales y en la suspensión de prestaciones esenciales. En ese sentido, explicó que el municipio deberá abrir instancias de diálogo con sindicatos y trabajadores para transparentar la situación.
Finalmente, el secretario de Gobierno planteó que la solución requiere decisiones políticas de fondo por parte de la provincia. “Esto más que diálogo requiere decisiones políticas”, afirmó, y agregó que existen alternativas de ajuste que no deberían recaer sobre los recursos municipales. “Hay estructuras de gastos innecesarios que se pueden revisar antes de achicar los recursos que son de los municipios”, sostuvo, al reclamar un cambio de enfoque para atravesar la crisis financiera.
