a decisión del directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) de no renovar un convenio prestacional abrió un nuevo frente de discusión sobre el financiamiento del sistema, en un escenario marcado por el aumento de costos en las prestaciones médicas y por la deuda que distintos organismos públicos mantienen con la institución.
El vocal por el sector pasivo de OSEF, Horacio Gallegos, explicó que la propuesta de renovación del acuerdo implicaba un incremento que la obra social considera imposible de afrontar con su actual estructura financiera. “Nosotros no podemos afrontar el convenio que se pretende firmar. De hecho, ya lo rechazamos y no vamos a firmar algo que no podemos pagar”, afirmó.
Según detalló, el aumento planteado implicaba un salto significativo en los montos que la institución debería destinar mensualmente al convenio. “En 2025 había un promedio de 20 millones mensuales, que en el año eran alrededor de 240 millones. Hoy tenemos un convenio que ronda los 83 millones mensuales, es decir casi mil millones al año. Se cuadruplicó”, explicó.
En ese contexto, sostuvo que asumir ese compromiso implicaría comprometer otras prestaciones de la obra social. “Para hacer frente a ese compromiso mucha gente va a quedar sin remedios. Nosotros no vemos posible asumirlo en estas condiciones”, señaló.
Gallegos planteó que la situación financiera de OSEF no responde únicamente al aumento de costos en el sistema sanitario, sino también a la acumulación de deudas por parte de organismos públicos que deben realizar aportes a la institución. “El gran problema que tenemos es que los morosos no pagan. Si a nosotros nos pagaran todas las instituciones que nos deben, hoy estaríamos al día y podríamos funcionar tranquilamente”, sostuvo.
De acuerdo con sus estimaciones, el monto total de deuda acumulada es significativo. “Entre las diferentes instituciones nos deben alrededor de 22.000 millones de pesos”, afirmó. Entre los organismos mencionó al Gobierno provincial, municipios y otros entes públicos.
El vocal explicó que la falta de esos recursos afecta el funcionamiento cotidiano de la obra social y condiciona la compra de medicamentos. “Nosotros tenemos que pagar remedios, tratamientos y prestadores. Si no tenemos esos fondos, todo el sistema empieza a trabarse”, advirtió.
En ese marco, señaló que el atraso en los pagos también impacta en la relación con los proveedores. “Hoy hay medicamentos que estamos pagando más de un 90 por ciento más caro porque tenemos bloqueadas las cuentas con algunos laboratorios y tenemos que comprar afuera”, indicó.
El dirigente también cuestionó prácticas de algunos prestadores privados, en particular la Clínica San Jorge, al considerar que se registraron decisiones que no forman parte de los convenios vigentes. “Fue una decisión exclusiva de la clínica poner un cupo de atención. Eso no está en ningún lugar del convenio”, afirmó.
En esa línea, anticipó que solicitará medidas dentro del directorio. “Yo pedí directamente que se la multe, porque no puede ser que tenga ese tipo de comportamiento”, expresó.
Gallegos también mencionó la aplicación de cargos que, según afirmó, no están contemplados en los acuerdos con la obra social. “La consulta está pactada en 18 mil pesos, pero además se le cobra un coseguro a los afiliados que no está dentro del convenio”, sostuvo.
A su entender, la concentración de prestaciones en el sector privado responde a la falta de una política sanitaria que fortalezca el sistema público. “Especialistas tenemos, pero no tenemos una política de salud pública que los contenga y que jerarquice el sistema”, planteó.
El vocal también vinculó el debate con el modelo de administración de la obra social y sostuvo que el sector de trabajadores impulsa cambios en ese esquema. “Nosotros venimos planteando desde hace tiempo que la obra social debería estar en manos de los trabajadores. El Estado puede supervisar, pero la gestión debería ser de quienes aportan”, afirmó.
En relación con la transparencia del sistema, señaló que impulsará la difusión de información sobre la situación financiera de la institución. “La idea es que la gente tenga acceso a la información. Las notas que presentamos y nuestras posiciones tienen que ser públicas”, expresó.
Finalmente, advirtió que el principal desafío es equilibrar el funcionamiento económico de la obra social para garantizar las prestaciones a los afiliados. “La obra social se financia con esos aportes y si no se pagan las deudas no hay posibilidad de resolver los problemas de los afiliados”, concluyó.
