a intervención dispuesta por el organismo nacional portuario sobre la Dirección Provincial de Puertos generó cuestionamientos en el ámbito político de Tierra del Fuego, donde distintos sectores advierten sobre el impacto institucional que implica la medida. El legislador provincial Pablo Villegas consideró que la decisión representa un avasallamiento sobre las competencias de la provincia y planteó la necesidad de una respuesta institucional por parte de la Legislatura.
Villegas sostuvo que la medida adoptada por el organismo nacional afecta la administración de una infraestructura estratégica para la provincia y advirtió que también implica el control de los recursos que genera la actividad portuaria. Según explicó, la intervención no sólo tiene consecuencias administrativas sino también institucionales. “Nos encontramos con la ingrata sorpresa de una decisión de un organismo nacional de intervenir el puerto de Ushuaia en términos administrativos y operativos, y esa decisión es un avasallamiento muy irrazonable, arbitrario y contrario a las reglas del federalismo que establece nuestra Constitución”, afirmó.
El legislador indicó que la terminal portuaria es una herramienta clave para el desarrollo económico de Tierra del Fuego y que su administración corresponde a la provincia en el marco del sistema federal. Desde su perspectiva, el control nacional sobre la infraestructura y los ingresos que genera la actividad portuaria constituye un precedente institucional que no puede ser ignorado. “El puerto no es de ningún gobierno en particular ni de ningún político, el puerto es de todos los fueguinos y es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia”, señaló.
En ese sentido, Villegas cuestionó que los recursos generados por la actividad portuaria estén siendo transferidos a cuentas vinculadas al organismo nacional que intervino la terminal. Según sostuvo, esa situación podría implicar una irregularidad en términos administrativos y jurídicos. “No sé si no roza el abuso en el ejercicio de la función pública la decisión de quedarse con los recursos que genera el puerto de Ushuaia y transferirlos a cuentas de un organismo nacional”, advirtió.
El legislador explicó que la infraestructura portuaria fue desarrollada a partir de inversiones realizadas por la provincia durante más de tres décadas. Por ese motivo, consideró que la intervención afecta directamente el patrimonio institucional de Tierra del Fuego. “Hace más de treinta años que los fueguinos venimos aportando recursos para que el puerto sea la realidad que es hoy, y por eso no nos puede resultar indiferente lo que está pasando con su administración”, sostuvo.
Villegas también señaló que la discusión trasciende el debate político partidario y que debe abordarse desde una perspectiva institucional. Según explicó, la defensa de la autonomía provincial debe involucrar a todos los poderes del Estado. “La Legislatura no se puede quedar callada frente a una intervención de estas características. Tenemos que defender lo que es nuestro y hacerlo en términos institucionales”, afirmó.
En ese contexto, el legislador indicó que presentó iniciativas para que el Parlamento provincial se pronuncie formalmente sobre la intervención y analice posibles acciones para defender la jurisdicción provincial sobre el puerto. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de instruir al fiscal de Estado para que promueva acciones judiciales.
Villegas sostuvo que el conflicto podría extenderse en el tiempo y que por ese motivo resulta necesario coordinar una estrategia institucional entre los distintos organismos de la provincia. Según señaló, la defensa del puerto debe involucrar tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo y a los organismos de control. “Lo que está en juego es el patrimonio de la provincia y la institucionalidad de Tierra del Fuego, por eso tenemos que actuar más allá de las diferencias políticas que podamos tener”, afirmó.
El legislador también planteó la posibilidad de convocar al Tribunal de Cuentas para que analice el destino de los recursos que actualmente genera la actividad portuaria. Según indicó, el objetivo sería garantizar mecanismos de control sobre los fondos vinculados al funcionamiento del puerto.
“Tenemos que analizar esta situación con todos los organismos que correspondan y actuar con responsabilidad institucional para defender el puerto y los recursos de la provincia”, sostuvo. El debate sobre la intervención del puerto debe centrarse en la defensa de la autonomía provincial y en el respeto al sistema federal establecido por la Constitución. En ese sentido, el legislador provincial, consideró que la respuesta institucional de la provincia será clave para definir el rumbo del conflicto.
