l legislador provincial Matías Lapadula (Provincia Grande) analizó el desarrollo de la primera sesión ordinaria del año, atravesada por el 50° aniversario del golpe cívico-militar. En ese contexto, puso el foco en la resolución aprobada por la Legislatura para repudiar el terrorismo de Estado y remarcar el compromiso democrático del cuerpo, en una jornada que combinó alto contenido simbólico con definiciones políticas concretas.
En primer lugar, Lapadula destacó el valor institucional del pronunciamiento, al considerar que la fecha obligaba a cada representante a fijar una posición clara. Según explicó, no se trató de un debate más dentro de la agenda legislativa, sino de una instancia que interpela directamente el rol de quienes integran una institución democrática. Por ese motivo, impulsó una votación nominal, con el objetivo de que cada legislador dejara asentado públicamente su posicionamiento frente a un hecho histórico de profunda sensibilidad social y política.
Sin embargo, el consenso no fue unánime. Tal como remarcó el legislador, los representantes libertarios Luciano Selzer y Natalia Gracianía decidieron no acompañar la resolución, lo que expuso una diferencia de fondo dentro del recinto. En ese sentido, Lapadula cuestionó esa postura y sostuvo que frente al terrorismo de Estado no hay lugar para ambigüedades. A su entender, la democracia exige posicionamientos claros y responsables, especialmente cuando se trata de hechos que marcaron una de las etapas más oscuras de la historia argentina.
En continuidad con ese planteo, el legislador también advirtió sobre la persistencia de discursos que relativizan lo ocurrido durante la dictadura. En la entrevista, señaló que este tipo de posiciones no solo distorsionan la memoria colectiva, sino que además pueden habilitar interpretaciones peligrosas sobre el pasado reciente. Por eso, insistió en la necesidad de sostener una postura firme desde las instituciones, reafirmando los consensos construidos en torno a la defensa de los derechos humanos y el rechazo al terrorismo de Estado.
Asimismo, Lapadula vinculó este debate con el contexto político actual, donde —según advirtió— ciertos discursos buscan instalar miradas parciales o tergiversadas de la historia. Frente a ese escenario, consideró fundamental que los ámbitos legislativos funcionen como espacios de expresión clara y pública, donde cada dirigente asuma la responsabilidad de sus posicionamientos. En esa línea, defendió la importancia de “poner voz” frente a lo que definió como intentos de desinformación o banalización de hechos gravísimos.
Por otra parte, si bien la sesión incluyó otros temas relevantes —como el rechazo a la intervención nacional del puerto de Ushuaia, cuestionamientos a decisiones del Ejecutivo y debates vinculados a la situación económica provincial—, el legislador subrayó que el posicionamiento frente al golpe de Estado fue uno de los ejes centrales de la jornada. De hecho, consideró que ese debate no solo tuvo un peso simbólico, sino que también reflejó con claridad las diferencias ideológicas presentes en el escenario político actual.
En ese marco, también dejó entrever que las discusiones legislativas no pueden desligarse del contexto nacional, donde las tensiones en torno a la memoria, la historia y el rol del Estado vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda pública. Por ello, sostuvo que el desafío de la dirigencia política es sostener principios básicos que no deberían estar sujetos a disputas coyunturales.
Finalmente, Lapadula planteó que la resolución aprobada por la Legislatura no solo buscó fijar una posición institucional frente al golpe de Estado, sino también reforzar el compromiso democrático en un momento donde ciertos consensos parecen ponerse en discusión. A la vez, la negativa de los legisladores libertarios dejó expuesta una fractura política en torno a estos temas, evidenciando que el debate sobre la memoria y los derechos humanos continúa vigente y atravesado por tensiones que exceden el ámbito provincial.
