l avance del proyecto para modificar la Ley de Glaciares abre una discusión que trasciende lo ambiental y se mete de lleno en el terreno político, con tensiones entre provincias, intereses productivos y un cambio en el rol del Estado nacional.
En ese marco, el abogado ambientalista Andrés Napoli planteó que la reforma implica un giro profundo en la normativa vigente y advirtió que el alcance del cambio es mayor al que se discute públicamente. “Este proyecto ya permite la minería sobre glaciares, ya no estamos hablando del ambiente periglacial, es sobre glaciares”, afirmó, y reforzó la gravedad del punto: “Si a alguien se le ocurriera hacer minería o sacar petróleo en alguno de los glaciares conocidos, lo podría hacer a partir de esta reforma”.
Según explicó el Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el impulso del proyecto no es neutro, sino que responde a intereses concretos de provincias con desarrollo extractivo. “Esta reforma está promovida por la mesa del litio y la mesa del cobre”, sostuvo, y detalló que esos espacios representan a jurisdicciones como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. En esa línea, sintetizó el objetivo de fondo: “El interés muy concreto es quitar todas las cuestiones que hoy impiden realizar minería en ese 0,3% del territorio argentino que la ley protege”.
El especialista también advirtió que la discusión actual carece del nivel de debate político que tuvo la ley original. “Antes había una masa crítica de dirigentes políticos que discutían abiertamente esto, hoy en día eso ha cedido”, señaló, marcando una diferencia con el escenario actual, donde predomina una menor resistencia institucional.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el cambio en el esquema de regulación. Napoli explicó que la reforma implica una transferencia de responsabilidades desde Nación hacia las provincias, lo que modifica el concepto de protección ambiental vigente. “La Nación cede ese piso mínimo de protección y se lo pasa a las provincias, que van a evaluar cada caso”, indicó.
Ese cambio, advirtió, no es solo administrativo, sino que tiene consecuencias concretas en los controles. “Los estudios de impacto ambiental están muy cuestionados, hay fallos judiciales que muestran que muchas veces son adulterados o fraudulentos”, afirmó, y cuestionó la idea de que las provincias puedan garantizar por sí solas ese control: “No es que fácilmente con voluntad se superan los problemas”.
En ese sentido, remarcó que la reforma no solo impacta en la minería, sino que abre la puerta a un abanico más amplio de actividades en zonas sensibles. “Ya se va a permitir cualquier tipo de actividad sobre glaciares”, señaló, en referencia a un escenario donde se reduce el nivel de restricción actual y se amplían las posibilidades de explotación.
Napoli también vinculó este proceso con una definición política más amplia del Gobierno nacional. “Estamos viendo una decisión de dejar de lado las políticas ambientales, la protección y la preservación”, afirmó, y agregó que ese enfoque también se refleja en el posicionamiento internacional del país.
Para el especialista, el problema central es el retiro del Estado nacional como garante de estándares mínimos. “El Estado se está retirando y le está pasando funciones a las provincias”, explicó, y advirtió que ese proceso no viene acompañado de recursos: “No le está pasando los recursos necesarios para sostener esas funciones”.
En ese punto, trazó una comparación con antecedentes históricos para dimensionar el impacto. “Esto me hace acordar a la política educativa de los 90, donde el Estado transfirió responsabilidades sin recursos y eso terminó en una tragedia”, sostuvo.
Finalmente, Napoli alertó sobre las consecuencias de este esquema a mediano plazo, tanto en términos ambientales como sociales. “Si se transfieren facultades sin recursos, las consecuencias las va a pagar el ambiente y la gente”, afirmó, y planteó que el escenario actual requiere una mayor atención política e institucional frente a los cambios en curso.
