a intervención del puerto de Ushuaia, los errores de gestión acumulados y la falta de una estrategia unificada exponen un escenario de debilidad institucional que condiciona la capacidad de la provincia para defender uno de sus activos estratégicos.
El legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas analizó el conflicto y sostuvo que, pese a los avances recientes en el ámbito legislativo, la situación es crítica y requiere una respuesta coordinada. “Esta arbitraria, inconstitucional e ilegal intervención que estamos sufriendo y nos exige que los distintos poderes del Estado actuemos de la manera más coordinada posible”, afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de fortalecer la posición provincial en todos los frentes. “A fin de robustecer las acciones que podamos desplegar ante la Corte Suprema y ante las máximas autoridades políticas de la Nación, en defensa del patrimonio de Tierra del Fuego”, agregó.
En ese marco, valoró las reuniones realizadas en la Legislatura con autoridades portuarias, trabajadores y la Fiscalía de Estado, aunque advirtió que dejaron al descubierto problemas de fondo. “El saldo es positivo desde esa mirada”, señaló, pero inmediatamente marcó el otro lado del diagnóstico: “Ha quedado de relieve groseros errores, ya sea en forma previa o a posteriori de la intervención”.
Villegas fue particularmente crítico del rol de la Dirección Provincial de Puertos y de decisiones políticas que, según su análisis, debilitaron la defensa de la provincia. “Se han tomado premisas que no hicieron más que alimentar la posición de quienes nos terminaron interviniendo”, sostuvo, y puso como ejemplo declaraciones oficiales sobre la legalidad de normas vigentes. “Sostener que el artículo 12 de la ley 1596 era ilegal no hizo más que alimentar la posición de la autoridad nacional”, explicó.
A pesar de esas críticas, insistió en que nada de lo ocurrido justifica la intervención. “Nada de los errores de gestión habilita o legitima esta intervención”, afirmó de manera categórica, y profundizó su postura con una definición política y jurídica. “Es arbitraria, irrazonable, desproporcionada, inconstitucional y violatoria del sistema federal de gobierno”, sostuvo, al cuestionar el accionar de Nación.
El legislador también vinculó el conflicto con intereses económicos en torno al puerto. “Hay un aprovechamiento con un fuerte contenido de interés económico por parte de las autoridades nacionales”, señaló, y advirtió sobre la existencia de actores locales con intereses concretos. “Hay factores de poder con un fuerte interés en participar en la gestión del puerto de Ushuaia, que genera recursos millonarios”, afirmó.
En paralelo, planteó la necesidad de una estrategia política e institucional más sólida. “Tenemos que ser serios, meticulosos y estratégicos en las decisiones que vamos a adoptar”, indicó, y marcó un punto clave: “Ser el mejor aliado en la defensa del puerto no significa decir lo que algunos quieren escuchar”.
El análisis de Villegas no se limitó al conflicto con Nación, sino que incluyó una revisión crítica del funcionamiento interno del sistema portuario. En ese sentido, abrió el debate sobre la estructura laboral y el uso de recursos. “Hay que preguntarse si la cantidad de trabajadores incorporados fue de la mejor manera”, planteó, y agregó que “más del 55% del presupuesto del puerto estaría afectado al pago de salarios”.
También cuestionó la falta de inversión en infraestructura. “Recursos del puerto no han sido utilizados en tiempo y forma para mejorar la infraestructura”, sostuvo, al señalar deficiencias en la administración que, según su visión, deben corregirse independientemente del conflicto actual.
En ese contexto, advirtió sobre la gravedad del escenario económico y financiero derivado de la intervención. Mencionó, por ejemplo, una intimación de la autoridad nacional por montos millonarios. “Nos enteramos de una intimación por más de 200 millones más intereses, vinculada a un préstamo del año 2021”, explicó, lo que suma presión a la situación del puerto.
Villegas también dejó abierta la posibilidad de avanzar en acciones judiciales contra funcionarios nacionales. “Habría mérito o sospecha de la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo”, sostuvo, y fue más allá: “Me gustaría que el Poder Judicial provincial pueda intervenir e investigar si las actuales autoridades están actuando dentro del marco legal”.
En esa línea, remarcó que no descarta denuncias penales. “Si hay que denunciar penalmente a algún funcionario, estoy dispuesto”, afirmó, aunque aclaró que ese tipo de decisiones deben tomarse con prudencia. “Tenemos que tener mucha mesura y actuar de manera coordinada”, insistió.
El legislador subrayó que la salida al conflicto no puede ser únicamente judicial. “Tiene que haber un diálogo institucional en la más alta esfera entre el gobernador y el presidente”, planteó, al señalar que se trata de un problema con fuerte contenido político. “Una cosa no descarta la otra: hay que actuar en ambas direcciones”, agregó.
Más allá del caso puntual del puerto, Villegas vinculó la situación con problemas estructurales en la gestión pública y en el manejo de recursos estratégicos. En ese marco, también se refirió a otros debates en curso, como la regulación de recursos naturales y la necesidad de fortalecer los controles institucionales. En todos los casos, insistió en una idea central: la provincia debe recuperar capacidad de conducción y orden interno para enfrentar conflictos externos. “Tenemos que trabajar de manera coordinada para recuperar la gestión que fue arrebatada de manera ilegal”, concluyó.
