l proyecto que propone ampliar el ejido urbano de Ushuaia y extenderlo hacia nuevos sectores volvió a generar cuestionamientos en la antesala de su tratamiento legislativo, en medio de críticas por la falta de planificación previa y de estudios técnicos que respalden su alcance.
La doctora en Antropología Urbana e investigadora del CONICET, Cristina Cravino, sostuvo que la expansión “es una decisión de política pública absolutamente legítima”, pero advirtió que debe estar “sustentada en un criterio técnico” y acompañada por participación social, algo que no está garantizado en el proyecto.
En ese sentido, cuestionó el orden en que se plantea la iniciativa y remarcó que la discusión está invertida. “La expansión tiene que ser el resultado de un proceso de planificación territorial urbana y no que primero se amplíe el ejido y después se produzca la planificación”, afirmó, al considerar que el mecanismo propuesto “no es correcto”.
Uno de los principales ejes del planteo está vinculado al diagnóstico que fundamenta la ampliación. Cravino señaló que, si bien el proyecto incluye estudios, “habría que revisarlos” y profundizarlos, y advirtió que existe consenso entre especialistas sobre los efectos de ciertos modelos de crecimiento urbano. “No es buena una ciudad extensa, dispersa, desconectada, segregada”, explicó, al describir el tipo de desarrollo que podría consolidarse con una expansión de gran escala.
Además, puso en duda que ampliar el ejido sea una respuesta efectiva al déficit habitacional. “Que haya más producción de vivienda no significa que se acceda a la vivienda”, sostuvo, al advertir que el problema no se resuelve únicamente ampliando la superficie urbana disponible.
En esa línea, planteó que antes de avanzar sobre nuevas áreas es necesario evaluar el potencial del suelo urbano existente. “Primero habría que ver cuáles son los vacíos urbanos y qué capacidad se tiene para construir ahí”, indicó, y remarcó que existen herramientas para promover su incorporación al mercado y favorecer su desarrollo.
También advirtió sobre los costos que implicaría una ampliación de estas características, tanto para el Estado como para la población. “Sería gestionar un territorio muchísimo más amplio”, señaló, y agregó que eso implicaría mayores costos de transporte e infraestructura, además de una menor eficiencia en la prestación de servicios.
Frente a este escenario, planteó que el modelo de ciudad debería orientarse en sentido contrario. “Hay un consenso en que las ciudades tienen que ser más compactas, más conectadas, con mayor cercanía”, afirmó, en contraposición a un crecimiento extensivo.
Desde el punto de vista de la movilidad, advirtió que ampliar el ejido no resolvería los problemas de conectividad y podría agravarlos. “Ampliar longitudinalmente puede congestionar más”, explicó, al mencionar experiencias de otras ciudades donde este tipo de expansión derivó en mayores dificultades de circulación.
En ese marco, insistió en que la expansión debe ser el último recurso dentro de la planificación urbana. “Primero hay que consolidar la ciudad”, sostuvo, al remarcar que aún existen sectores con carencias de servicios y múltiples herramientas para intervenir dentro del área ya urbanizada.
Finalmente, subrayó la necesidad de incorporar a distintos actores en el proceso de discusión. “Tiene que haber instancias participativas que incluyan a vecinos, organizaciones, actores económicos, turísticos, estatales y de la sociedad civil”, señaló, y concluyó: “Está inversa la discusión. Está faltando la planificación”.
