a crisis del empleo industrial en Río Grande volvió a colocar en el centro de la discusión el destino del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Frente a la fuerte reducción de puestos de trabajo, los conflictos registrados en empresas como Mirgor y el aumento de la demanda de asistencia social, el intendente Martín Perez cuestionó que los recursos concebidos para diversificar la producción fueguina no estén funcionando como una herramienta efectiva para amortiguar el deterioro laboral en la ciudad.
En ese sentido, Perez describió como de “extrema gravedad” el escenario que atraviesa Río Grande y sostuvo que el retroceso industrial está directamente relacionado con las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno nacional. Como indicador de la magnitud de la crisis, recordó que la ciudad llegó a contar con cerca de 15 mil trabajadores vinculados a la industria y que actualmente esa cifra se ubica en torno a los 5 mil. “Es muy triste ver una ciudad que supo tener casi 15.000 trabajadores ocupados en la industria, a no más de 5.000 como nos pasa hoy”, expresó.
A partir de ese diagnóstico, el Intendente volvió a plantear una discusión que considera pendiente: qué función debe cumplir el FAMP cuando la principal ciudad industrial de Tierra del Fuego atraviesa una contracción sostenida del empleo. El Municipio ya había presentado una iniciativa para utilizar parte de esos recursos en la creación de una herramienta similar a un seguro de desempleo, complementada con programas de capacitación y reconversión laboral para quienes quedaran fuera del sistema productivo. Sin embargo, Perez aseguró que la propuesta no registró avances y consideró necesario insistir con el planteo.
Precisamente, una de sus principales críticas apuntó a la orientación que tuvieron algunos recursos vinculados al Fondo. Perez rechazó el argumento de que Río Grande no accede a mayor financiamiento por falta de proyectos y puso como ejemplo inversiones realizadas por empresas radicadas en la ciudad que finalmente terminaron destinadas al sector hotelero de Ushuaia. De esa manera, cuestionó que fondos asociados a la ampliación de la matriz productiva no tengan un impacto proporcional en la generación de alternativas económicas y laborales en el norte provincial.
“Si la decisión es que las empresas inviertan esos recursos excedentes del FAMP en Ushuaia, por lo menos dennos herramientas que nos permitan contener y paliar la situación del empleo en Río Grande”, reclamó. El planteo busca instalar una discusión sobre las prioridades del Fondo en un contexto en el que la pérdida de puestos de trabajo ya dejó de ser exclusivamente un problema de las fábricas para trasladarse al conjunto de la economía local y a las cuentas municipales.
Al mismo tiempo, Perez cuestionó la reducción de aranceles a las importaciones impulsada a nivel nacional y advirtió que esa política limita las posibilidades de sostener y ampliar la producción fueguina. Pero también dirigió críticas hacia el sector empresario.
Mientras tanto, las consecuencias del deterioro laboral ya impactan sobre la estructura de asistencia del Municipio. Perez explicó que el Gobierno de la ciudad incrementó el acompañamiento con alimentos, alquileres y servicios básicos, pero señaló que la problemática excede la ayuda económica. Por ese motivo, también se pusieron a disposición equipos de salud mental para asistir a trabajadores despedidos que atraviesan situaciones de angustia e incertidumbre.
En particular, mencionó la situación de personas de entre 45 y 50 años que, después de años de actividad industrial, encuentran mayores obstáculos para reinsertarse en el mercado laboral. Según indicó, la demanda de asistencia creció hasta superar las posibilidades de respuesta municipal.
No tanto diálogo con el Gobierno
En paralelo, la relación financiera con el Gobierno provincial suma otro frente de tensión. Perez negó que actualmente exista un escenario de consenso con la Provincia y afirmó que la deuda correspondiente a fondos de coparticipación alcanza aproximadamente los 14 mil millones de pesos. Los equipos municipales participaron de reuniones convocadas por el Ministerio de Economía provincial, aunque, según explicó, todavía no existen precisiones acerca de cuándo ni bajo qué modalidad se regularizarán las transferencias pendientes.
A ese reclamo se agrega la falta de avances en el convenio que permitiría que los afiliados de la obra social provincial reciban atención en los servicios municipales de Río Grande. Perez aseguró que se realizaron las gestiones y los planteos correspondientes, pero reconoció que prácticamente considera agotada esa posibilidad debido a la ausencia de respuestas concretas.
Ruido con la visita de senadores
Por otra parte, el Intendente se refirió a la visita de una comitiva de senadores nacionales que finalmente no concretó la reunión prevista con él ni la recorrida por el natatorio municipal, una obra próxima a finalizar. Explicó que la senadora Cristina López se había comunicado inicialmente para organizar el encuentro y valoró aquella convocatoria, aunque posteriormente la actividad fue cancelada. Si bien evitó adjudicar motivos específicos a la suspensión, cuestionó los llamados políticos a la unidad cuando posteriormente no se traducen en acciones conjuntas.
Provincia Grande, por todo
En ese marco, confirmó además que Provincia Grande pretende constituirse en una alternativa electoral de cara a 2027, tanto en el escenario provincial como en las tres ciudades fueguinas. La posibilidad de participar dentro de un frente político será definida más adelante, aunque Perez señaló que el objetivo es construir una propuesta que exceda los acuerdos circunstanciales entre dirigentes.
Asimismo, volvió a reclamar una respuesta política frente a la intervención nacional del puerto de Ushuaia. Consideró que recuperar la administración provincial demandará un proceso complejo y afirmó que alrededor de la situación existen responsabilidades tanto del Gobierno nacional como de actores locales políticos y privados.
Municipio y reactivación económica
Frente a este panorama, el Municipio buscará durante los próximos meses recuperar actividad económica mediante inversión propia en obra pública. Perez anticipó la continuidad y finalización del natatorio, la Carpa de la Dignidad y otros trabajos en ejecución, además de un plan vial que incluirá pavimentación, cordón cuneta y mejoras de calles en distintos barrios. “Nosotros queremos volver a reactivar la obra pública en la ciudad porque es un motor de desarrollo de nuestra economía”, afirmó.
La apuesta municipal apunta a reconstruir, al menos parcialmente, el nivel de actividad que Río Grande tuvo antes del freno de los últimos años. El Municipio llegó a sostener cerca de 60 obras simultáneas y una cantidad significativa de empleos directos vinculados a la construcción. Ahora deberá intentar recuperar ese movimiento con menos recursos disponibles y, al mismo tiempo, con una demanda social considerablemente mayor.
Para Perez, la respuesta no puede limitarse a esperar nuevas inversiones. En medio de cierres, reducción de personal y dificultades para la reinserción laboral, reclamó herramientas inmediatas que permitan sostener a las familias afectadas y evitar que el costo de la crisis continúe trasladándose hacia los trabajadores y el Municipio.
