a Legislatura fueguina llegará este jueves a su cuarta sesión ordinaria del año, después de más de cuatro meses sin reunirse en el recinto. Mientras se acumulan asuntos pendientes, siguen demoradas reformas institucionales y la Cámara no logra articular una respuesta política sostenida frente a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. El problema ya no es solamente cuánto sesiona, sino para qué.
Hay instituciones cuya debilidad se advierte en las grandes crisis y otras que consiguen demostrarla simplemente mirando el calendario. La Legislatura de Tierra del Fuego celebrará este jueves 1° de octubre apenas su cuarta sesión ordinaria de 2026. La anterior fue el 22 de mayo. Han transcurrido más de cuatro meses.
El dato podría parecer apenas estadístico si Tierra del Fuego atravesara una temporada de excepcional tranquilidad. Ocurre exactamente lo contrario.
La Provincia enfrenta una discusión profunda sobre su arquitectura institucional, dificultades fiscales, conflictos educativos y, desde enero, la intervención administrativa y económica del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la ANPyN por doce meses prorrogables. En ese contexto, que el Parlamento provincial haya conseguido reunirse ordinariamente cuatro veces en diez meses constituye, cuanto menos, una señal preocupante sobre la vitalidad de una de las instituciones centrales de la democracia fueguina frente a uno de los principales activos estratégicos que tiene Tierra del Fuego.
Porque un Parlamento no existe solamente para sancionar leyes. Existe para discutirlas, controlar, interpelar, representar conflictos y transformar problemas públicos en debates públicos.
Y problemas no faltan. Por el contrario, difícilmente se pueda sostenerse, entonces, que la escasa actividad parlamentaria responda a una provincia sin asuntos que resolver.
Es más, algunos debates llevan años esperando.
Entre ellos permanece la paridad de género, una discusión que Tierra del Fuego todavía no ha conseguido traducir en una legislación integral equivalente a la adoptada por la enorme mayoría de las jurisdicciones argentinas. También continúa pendiente una modernización profunda del régimen electoral y del sistema de partidos, instrumentos esenciales para mejorar representación, transparencia y comprensión ciudadana.
Sin embargo, existe una ausencia todavía más difícil de explicar.
Desde enero, una dependencia del Estado nacional administra el principal puerto de la Provincia. La propia ANPYN define formalmente la medida como una “intervención administrativa”. El Gobierno fueguino, en cambio, sostiene que esa decisión vulnera la autonomía provincial. Son posiciones institucionales enfrentadas y de enorme gravedad.
Precisamente por eso debería esperarse de la Legislatura algo más que declaraciones ocasionales.
El Parlamento es el ámbito político natural donde una provincia expresa colectivamente la defensa de sus competencias, controla las consecuencias presupuestarias de las decisiones públicas y exige explicaciones cuando considera afectados sus intereses. Incluso recientemente surgieron iniciativas legislativas para analizar el impacto económico de la intervención portuaria. Pero después de ocho meses todavía cuesta identificar una estrategia institucional sostenida y transversal de la Cámara frente al conflicto.
Ese vacío importa.
La pasividad resulta todavía más difícil de explicar cuando se recuerda que la Legislatura ni siquiera necesitaba imaginar cómo intervenir. Hace más de veinte años que tiene una herramienta diseñada precisamente para eso.
La Ley Provincial 602 declaró estratégicos a los puertos provinciales y creó una Comisión Legislativa de Seguimiento Estratégico encargada de identificar situaciones capaces de comprometer los intereses de Tierra del Fuego, informar a la Cámara, proponer cursos de acción e interactuar con organismos provinciales y nacionales.
Difícil encontrar un caso práctico más didáctico: Nación intervino el principal puerto de la Provincia, asumió su administración y mantiene esa situación desde enero. Si eso no alcanza para activar plenamente los mecanismos previstos para proteger un recurso declarado estratégico, sería interesante saber qué debería ocurrir para que la Comisión considere llegado el momento de ejercerlos.
Hubo, es cierto, legisladores que cuestionaron públicamente la intervención, hablaron de federalismo, autonomía y defensa de los intereses fueguinos. El problema es que entre defender el federalismo frente a un micrófono y hacerlo desde las instituciones existe una diferencia bastante menos retórica.
Porque para las declaraciones no hacía falta la Ley 602. Para actuar, sí.
Y allí aparece la contradicción. La Provincia tiene una ley, una comisión específica y legisladores investidos de facultades para controlar, requerir información, promover acciones y convertir una posición política en una respuesta institucional. Lo que no aparece con la misma claridad es el ejercicio sostenido de esas herramientas.
Por eso, después de ocho meses, algunas encendidas posiciones individuales corren el riesgo de quedar reducidas a lo que la política suele producir con notable eficiencia: discursos para la tribuna. Mucho federalismo declamado y bastante menos federalismo ejercido.
La ironía termina escribiéndose sola: Tierra del Fuego tiene un puerto declarado estratégico, una ley para protegerlo, una comisión para vigilarlo y una intervención nacional para justificar que todo ese andamiaje funcione.
Lo único que parece seguir esperando intervención es la propia Legislatura.
Porque la calidad institucional también se mide por la capacidad de las instituciones para comprender la gravedad del tiempo que les toca atravesar. Una Legislatura puede cumplir reglamentos, aprobar declaraciones, declarar acontecimientos de interés y completar expedientes administrativos. Todo eso forma parte de su trabajo. Pero ninguna suma de formalidades sustituye la obligación principal de la política: establecer prioridades.
La paradoja fueguina es, entonces, bastante sencilla. No faltan asuntos. Sobran.
Falta una Legislatura que se comporte con la intensidad que esos asuntos reclaman.
Cuatro sesiones ordinarias en diez meses no describen únicamente una frecuencia parlamentaria. En una provincia atravesada por discusiones sobre autonomía, recursos públicos, educación, sistema electoral, representación política y control institucional, describen una distancia.
La distancia entre la agenda de las instituciones y la magnitud de los problemas que deberían resolver.
Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, el problema deja de ser solamente legislativo. Se convierte, inevitablemente, en un problema de calidad democrática.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
