l pedido alcanza tanto a los controles efectivamente concretados como a los que fueron suspendidos, impedidos o no pudieron realizarse.El Asunto 567/26 propone que el Poder Ejecutivo remita información respaldatoria sobre la situación ambiental de la terminal y las actuaciones realizadas durante la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
La legisladora del Partido Verde María Laura Colazo, autora del proyecto de resolución presentado el 30 de septiembre, planteó la necesidad de determinar “qué controles ambientales se encuentran actualmente realizándose dentro del Puerto de Ushuaia, qué organismos los ejecutan, qué inspecciones provinciales fueron solicitadas, realizadas o impedidas” y mediante qué procedimientos se garantiza el cumplimiento de la normativa.
La iniciativa toma como antecedente los intentos realizados durante septiembre por equipos de la Dirección General de Gestión Ambiental y de la Dirección General de Recursos Hídricos para continuar con tareas habituales de fiscalización. Según la documentación incorporada al expediente, los técnicos provinciales intentaron ingresar tres veces y no pudieron hacerlo por la negativa de la autoridad nacional que administra la intervención.
Esas inspecciones estaban vinculadas con tres áreas principales: la auditoría correspondiente al Certificado Ambiental Anual, la gestión y trazabilidad de residuos peligrosos provenientes de buques y el control de obras o intervenciones capaces de afectar los recursos hídricos. La Provincia también había requerido a la ANPyN que explicara bajo qué fundamento podía impedir el ingreso de sus inspectores.
El proyecto exige, por eso, un detalle de cada fiscalización programada, solicitada, realizada o frustrada, con fecha, objeto, organismos intervinientes, resultado y actuaciones administrativas generadas. También pide copias de notas, solicitudes de ingreso, actas y comunicaciones intercambiadas entre organismos provinciales, la intervención del puerto y la autoridad nacional.
Otro punto central es el manejo de residuos peligrosos. La iniciativa busca conocer tipos y cantidades, generadores, transportistas, operadores habilitados, manifiestos, destino y tratamiento final, además de los mecanismos utilizados para garantizar su trazabilidad. El pedido incluye también el estado del Certificado Ambiental Anual y de las auditorías correspondientes.
En materia hídrica, se solicita identificar modificaciones de costa, obras hidráulicas, drenajes, amarraderos u otras instalaciones ejecutadas, iniciadas, autorizadas, licitadas o proyectadas desde el comienzo de la intervención. Para cada una deberán informarse las evaluaciones, permisos y autorizaciones ambientales o hídricas provinciales que correspondan.
Los fundamentos recuerdan que la legislación fueguina asigna competencias ambientales a la Provincia. La Ley 69 establece funciones de protección ambiental para la Dirección Provincial de Puertos, mientras que las leyes 55, 105 y 1126 regulan la protección ambiental, los residuos peligrosos y los recursos hídricos. La Constitución provincial también reconoce facultades sobre ambiente, aguas y poder de policía portuario.
La pregunta que atraviesa el expediente es quién realiza hoy el control ambiental efectivo dentro del puerto. Para responderla, Colazo pide informes, actas, auditorías, monitoreos y registros producidos desde que comenzó la intervención, además del detalle de las acciones administrativas o judiciales iniciadas, proyectadas o todavía bajo análisis para garantizar las competencias provinciales.
El proyecto establece que, en caso de aprobación y una vez recibido el requerimiento, el Ejecutivo deberá entregar la documentación dentro de un plazo máximo de diez días. El objetivo, según sus fundamentos, es contar con “información oficial, completa y actualizada” sobre el estado ambiental del puerto y las actuaciones desarrolladas durante la intervención nacional.
