l juez de instrucción Nº II del Distrito Judicial Norte, Raúl Sahade, desestimó el requerimiento de instrucción impulsado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la denuncia por abuso sexual presentada a mediados de 2018 contra, el por entonces intendente de Río Grande y actual gobernador, Gustavo Mellela por tres trabajadores de la construcción.
La resolución fue adoptada días después de que el magistrado interviniente, quien se encuentra sujeto a un proceso de enjuiciamiento por parte del Consejo de la Magistratura, tomará declaración testimonial a los denunciantes, y evaluara que “los hechos descriptos no constituyen un abuso sexual”. El desistimiento alcanza también a la denuncia sobre supuesto otorgamiento irregular de obra pública por parte del municipio ríograndense.
El abogado defensor de Gustavo Melella, Francisco Ibarra, sostuvo que con la decisión "se hizo justicia" ya que "se comprobó que esta causa carecía de asidero y que los hechos denunciados no constituyen delito”. Para el Abogado "el fallo es contundente, de más de cien fojas, demostrando que no existió delito alguno y que las acusaciones no tenían asidero, como al mismo tiempo las pericias a los celulares privados, y todo lo que se llevó adelante en esta causa".
Para el Letrado quedó claramente demostrado en todo el proceso que la causa "se originó en el marco de una campaña política sucia, de las peores que se hayan visto en la historia de Tierra del Fuego, resultando clara la intervención de distintos sectores políticos que se encontraban opuestos a la gestión Melella”.
Ibarra afirmó que “esta herramienta de denuncia se usó para atacar la condición sexual de Gustavo Melella, usando los artilugios más sucios de la política para denigrarlo, no obstante lo cual se pudo comprobar todo su armado y falsedad".
El letrado lamentó “la participación de la política en el entramado de causas judiciales, dedo que existen constancias de participación y de vinculaciones de distintos ex funcionarios públicos de la gestión anterior en los hechos que constituyeron materia de denuncia".
Adelantó que "a partir de ahora empieza otro camino, el de hacer justicia con aquellos que llevaron adelante este operativo político", ya que dijo que "no hay que olvidar que en todo ese proceso hubo un Secretario de Seguridad involucrado y otros ex funcionarios, que se acreditó la entrega de una vivienda a la hija de un supuesto testigo, es decir, se usaron bienes del Estado Provincial al solo efecto de dar sustento a una denuncia que desde el principio carecía de asidero, sumado a la repercusión Nacional que tuvo la misma".
