La Sindicatura Municipal pidió acompañamiento al Concejo Deliberante
En comisión de Hacienda

La Sindicatura Municipal pidió acompañamiento al Concejo Deliberante

Durante un nuevo encuentro de análisis del proyecto de presupuesto 2022, las autoridades de la Sindicatura General Municipal y del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas expusieron en torno a la asignación de recursos para el próximo año, y solicitaron el apoyo del Cuerpo de concejales para su aprobación.
09/12/2021
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n el marco de la agenda de análisis del proyecto de presupuesto municipal 2022, los concejales de Ushuaia recibieron en comisión de Hacienda a las autoridades de la Sindicatura y del Juzgado de Faltas.
La titular de la Sindicatura, abogada Leila Giadas, precisó que existen dos principales falencias en el área: el déficit en recurso humano y la falta de inversión en digitalización; y señaló que ambos aspectos son necesarios para poder llevar adelante una “planificación coherente y real sobre el control” y “optimizar nuestra función”, expresó.
A partir de ello, la Síndica solicitó “un acuerdo que lleve a la aprobación de dicho presupuesto”, a la vez que reveló la necesidad de incrementar lo que el Ejecutivo Municipal designó para este sector, señalando “las dificultades actuales de funcionamiento derivadas de la falta de recursos económicos”, dijo.
Comentó, además, que “el Departamento Ejecutivo Municipal remite en el proyecto aproximadamente 80 millones sólo para gastos corrientes, con 0 pesos designados a bienes de capital”, mientras que “nuestra readecuación eleva el presupuesto a más de 186 millones de pesos, teniendo en cuenta tres ejes principales: recurso humano, digitalización del sistema y la construcción de un edificio propio”, expuso.
A su vez, frente a esta diferencia, Giadas hizo referencia a llegar a un acuerdo a través de “un punto medio”, que contempla el valor presupuestario a fin de “ocupar las vacantes que ya tenemos asignadas”, para resolver la falencia en recurso humano; que ronda los 40 millones de pesos, y 3 millones más para el proceso de digitalización, por encima de los aproximadamente 80 millones que figuran en el proyecto presentado por el Ejecutivo.
“Necesitamos el acompañamiento de ustedes para poder ejercer la función de control”, apuntó la Síndica. “Es una situación crítica, nosotros decidimos ponerlo en conocimiento y trasladarlo al seno del Concejo con la expectativa de encontrarle un punto medio de manera que podamos generar en este 2022 un crecimiento para profundizar la actividad de control”, sostuvo.
Al respecto el presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, abogó por “buscar un consenso” entre sus pares, para “analizar la factibilidad de una modificación de lo que ha mandado el Ejecutivo, donde deberíamos contemplar el aumento de recursos”, teniendo en cuenta “el incremento de aportes por coparticipación”, señaló.
Pino hizo referencia a que actualmente la ciudad cuenta con un presupuesto reconducido, y en tal sentido señaló que para “poder ejercer un verdadero control, tenemos que buscar un consenso de las dos terceras partes del Concejo a los efectos de tener un presupuesto aprobado”, observó.
“Caso contrario nos pasará lo que pasó en el ejercicio actual, donde ingresaron 2100 millones de pesos con una resolución de la Secretaría de Economía, algo nunca visto en la Municipalidad”, advirtió el Presidente del Parlamento local.

Aprobaron la adhesión a la ‘Ley Yolanda’

Durante la sesión ordinaria que se desarrolló semanas atrás, los concejales aprobaron por unanimidad la adhesión a la ‘Ley Yolanda’; que establece la capacitación obligatoria sobre cambio climático y cuidado de ambiente para quienes se desempeñen en la función pública, a fin de que la misma se implemente en el ámbito municipal.
La adhesión fue impulsada por el concejal Gabriel De la Vega (Frente de Todos-PJ). La disposición que ya rige para el ámbito nacional −a partir de la sanción en el Congreso bajo la Ley N° 27592-, fue aprobada a nivel provincial el 30 de septiembre pasado; y suma ahora a la ciudad de Ushuaia.
De la Vega expuso en los fundamentos del proyecto, que con esta ley se debe “garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública”, tal cual reza uno de sus artículos.
Dispone también que la comunidad científica, como organizaciones de la sociedad civil, participarán en el armado de la currícula y podrán plantear más temas a ser abordados en las instancias de capacitación para funcionarios; y que la capacitación será obligatoria, abordando temas de cambio climático; protección de la biodiversidad; energías renovables; economía circular; desarrollo sostenible y normativa ambiental vigente.
El nombre de la Ley rinde homenaje a Yolanda Ortiz, quien fuera la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina; y la primera mujer en ejercer un cargo público en esa temática en América Latina.
Durante su gestión, Yolanda Ortiz se destacó por incorporar la perspectiva ambiental en los sectores industriales y productivos; trabajó junto con el Ministerio de Educación, ya que consideraba que la educación representaba el componente de mayor valor estratégico para cambiar los hábitos y la visión de desarrollo.

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