a industria textil fueguina, amparada por la ley 19.640, entró en zona de riesgo. En la última reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), el Gobierno provincial, cámaras y gremios pidieron revisar con urgencia medidas nacionales que hoy frenan producción y amenazan cientos de puestos de trabajo, entre las que se destacan exclusiones del subrégimen, rechazos o demoras en acreditaciones de origen y un cronograma de beneficios a la baja.
La sesión, encabezada por la ministra de Producción y Ambiente de la provincia, Karina Fernández, contó con la participación de representantes del Gobierno provincial, de la Dirección General de Aduanas (AFIP), de la Secretaría de Industria y Hacienda de la Nación, de la Unión Industrial Fueguina (UIF), la UOM, ASIMRA y la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN), entre otros actores clave del entramado productivo local.
Durante el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con trámites técnicos vinculados a acreditaciones de origen, dispensas y autorizaciones de producción claves para sostener los beneficios del subrégimen industrial vigente. Sin embargo, fue el estado crítico del sector textil lo que acaparó la atención y generó mayor inquietud entre los presentes.
A las restricciones impuestas por el Decreto 594/23 (dictado sobre fines de la gestión Presidencial de Alberto Fernández), que endureció las condiciones para acceder a beneficios fiscales que impactó fuertemente en este sector intensivo en mano de obra y altamente dependiente de reglas estables para mantener su competitividad, se suman ahora un contexto de costos altos, caída de la demanda, apertura de importaciones y criterios más restrictivos para autorizar las acreditaciones de origen.
Uno de los casos abordados en la reunión realizada el viernes pasado fue el de la empresa Australtex S.A., La compañía enfrenta dificultades para continuar con su producción debido a la negativa del Gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Gestión Productiva, de aceptar la acreditación de origen de ciertos productos con insumos nacionales. Esta situación impide acceder a los beneficios fiscales de exportación, comprometiendo seriamente su operatoria.
Por ello se planteó la necesidad de diferir el tratamiento de algunas acreditaciones de origen, dada la imposibilidad de cumplir con los niveles de integración nacional requeridos, ante la falta de proveedores en el país. Esta solicitud fue formalizada por las empresas y respaldada por el gobierno fueguino.
Desde el Gobierno provincial y las entidades industriales se reafirmó el compromiso con la producción fueguina y se instó al Gobierno nacional a revisar las condiciones impuestas por el nuevo marco regulatorio, que podría poner en jaque no solo a las textiles, sino al conjunto del tejido industrial de la provincia.
“El sector textil no puede esperar. La inacción pone en riesgo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, y compromete un entramado productivo construido durante décadas”, advirtieron desde la Cámara Fueguina de la Industria Nacional.
