l intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó una firme y contundente crítica a la resolución del Gobierno Nacional que estableció, desde este 15 de enero, un arancel cero para la importación de teléfonos celulares.
En su análisis, la medida constituye un ataque directo a la capacidad productiva de Tierra del Fuego y amenaza el sustento de miles de familias, en un momento donde el impacto comienza a materializarse. “Hoy no estamos discutiendo una hipótesis futura. Hoy entra en vigencia una decisión que golpea de lleno a nuestra capacidad productiva y pone en riesgo el trabajo de miles de familias fueguinas”, afirmó el jefe comunal, enfatizando que “el gobierno nacional está atacando el trabajo de los fueguinos”.
Perez fundamentó su postura señalando que la industria electrónica local es uno de los principales motores económicos de la provincia, fruto de inversiones sostenidas en tecnología, infraestructura y capital humano.
En este marco, advirtió que la apertura indiscriminada perjudica la competencia leal. “No se puede competir en igualdad de condiciones cuando el Estado decide favorecer productos importados por sobre lo que se produce en el país”, sostuvo, agregando que “cuando se habilita la importación sin aranceles, lo que se está haciendo es desfinanciar a la industria nacional”.
El intendente rechazó el argumento oficial que justifica la medida en una eventual baja de precios para los consumidores. “Nos venden desde Buenos Aires que esto es para bajar precios, pero ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó”, señaló, citando como antecedente la apertura de importaciones de notebooks durante la administración de Mauricio Macri.
Según su relato, aquella experiencia resultó en la pérdida de empleos sin que se materializara el beneficio prometido en los costos finales. “Se destruyó producción local y el beneficio para la gente nunca llegó”, remarcó.
La crítica de Perez se extendió más allá del sector industrial, proyectando un efecto dominó sobre toda la economía regional. Explicó que el daño se irradia al comercio, los servicios, el transporte y los emprendimientos locales, que dependen del poder adquisitivo generado por los empleos industriales.
Asimismo, incorporó una perspectiva estratégica y geopolítica a su discurso, afirmando que la provincia cumple una función clave y que retroceder en su desarrollo industrial implica un retroceso en la soberanía productiva del país.
Finalmente, el intendente reiteró un llamado urgente a revisar la disposición, defendiendo la necesidad de proteger el trabajo y la industria que, a su juicio, es fundamental para el desarrollo de Tierra del Fuego: “Es urgente defender el trabajo argentino, la producción nacional y un modelo industrial para el desarrollo de esta provincia. Hoy el daño empieza a hacerse efectivo”, concluyó.
